Jueves 20 de diciembre de 2012
Como dice Luis María Anson en un artículo recién publicado, “ni medias tintas. Ni paños calientes. Ni merengosidades al uso. La decisión de Arturo Mas y ERC, que en sí misma es una traición a España, exige la réplica contundente de Mariano Rajoy y de los partidos nacionales. No se puede contemporizar con los secesionistas. O aceptan someterse a lo que exige la Constitución para que su propuesta se apruebe o se rechace en el Congreso de los Diputados y en el Senado, o sobre ellos deberá caer todo el peso de la ley en nuestro Estado de Derecho.”
Y, por lo que se ve, el Gobierno le ha hecho caso al académico y presidente de El Imparcial. Como publicamos hoy, el Ejecutivo está dispuesto a llevar al Tribunal Constitucional las medidas impuestas por ERC de aplicar impuestos a los depósitos bancarios y otra serie de medidas presupuestarias que a todas luces parecen ilegales y para las que, además, no tienen competencias.
Y, según ha sugerido la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, con la ley en la mano se podría incluso inhabilitar y condenar a Artur Mas si sigue adelante con su plan soberanista, saltándose las leyes a la torera y convocando un referéndum sobre “el derecho a decidir”; es decir, sobre la independencia.
A Rajoy no se le mueve un pelo de la barba, pero, por lo que se ve está dispuesto a impedir que el tándem CiU-ERC campe a sus anchas como si ya fuera un Estado soberano. Es muy gallego y muy de Rajoy: a la chita callando. Aunque tampoco estaría de más que de vez en cuando diera un bufido. Más que nada para asustar un poco a esta pareja de políticos que van a gobernar la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y para contentar a la inmensa mayoría de españoles, que están deseando que el presidente le dé una buena colleja al nuevo Gobierno de la Generalidad. La independencia, en fin, es imposible e ilegal. Tiempo al tiempo.
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