Una Ley que, en síntesis, decía: Articulo 1º. Se declara de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas y ramas. Articulo 2º. En los casos de dernolición de salas teatrales, la persona, física o jurídica, propietaria de la finca, tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un espacio teatral de características similares a las de la sala demolida. Articulo 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El Teatro XXX (póngase el nombre de uno de los muchos teatros demolidos), inaugurado en 19…, fue declarado edificio protegido "por su interés cultural y arquitectónico". A principios de la década de los noventa, se dejó sin efecto la protección legal y se autorizó la demolición del teatro, hecho que se produjo fatalmente en 1991.
Años después, el ministro del ramo justificaba la resolución, por la que se aclaraba la derogación de aquel artículo 2º de la Ley protectora de todos los recintos teatrales. Poco después, un nuevo decreto del poder ejecutivo derogaba la resolución que dejaba sin efecto el artículo 2º de la Ley, por lo que ratificaba en todos sus términos, la vigencia de dicha Ley. En román paladino: la resolución final obliga a los especuladores bonaerenses que basaron su negociete en acabar con el Teatro Odeón para construir un estacionamiento de automóviles a que manden demoler el nuevo negocio y recuperen, piedra a piedra, camerino a camerino, butaca a butaca, el desaparecido teatro.
El galimatías legal, de tan difícil comprensión como la mayoría de los textos elaborados por juristas, se refiere a la recuperación íntegra de una Ley que impedía la demolición de edificios teatrales en la ciudad de Buenos Aires, donde se ama y respeta al teatro como en ningún otro lugar de occidente. Si en España, en el Madrid teatral de los cincuenta, hubiéramos tenido una Ley, de rango superior a Bandos y Decretos Municipales, tan proteccionista como la comentada de Argentina, muchos teatros no hubieran desaparecido del panorama escénico: Arniches, Barceló, Benavente, Carlos III, Comedia (por desidia ministerial) Cómico (antiguo, fagocitado por unos grandes almacenes y el moderno en Delicias, sucumbido bajo los millones de un mercado), Club, Eslava, Fontalba, Fuencarral, Goya, Infanta Beatriz, Lavapiés, Martín, Príncipe Alfonso, Recoletos, Valle Inclán (Torre de Madrid)… Y esto sólo desde los cincuenta hasta nuestros días… ¿Lograría un juez sabio y valiente retrotraer las ventas que realizaron los no amantes del teatro? ¿Recuerda alguien la Ley –creo que no derogada– que protegía los edificios destinados a teatro?