Luis María ANSON | Martes 08 de enero de 2013
La caída de producción causada por la incesante caravana de las huelgas significó, solo para Madrid, una pérdida de 1.748 millones de euros en el año 2012, conforme al excelente reportaje de investigación firmado en ABC por María Isabel Serrano.
Pero no es ese el dato más relevante del abuso al ejercitar el derecho a la huelga, ni siquiera las 6.244 operaciones quirúrgicas suspendidas ni las 40.000 consultas desatendidas. El dato más relevante es que se destruyeron 23.000 empleos, a causa de las huelgas. José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, tiene razón. Una parte sustancial de los 5.000.000 de desempleados deben su situación a las exigencias sindicales.
En Madrid, en 2012, se perdieron más de 7 millones de horas de trabajo. En plena crisis económica, cuando la prioridad debería ser la productividad para poder competir, Toxo y Méndez se dedican a fragilizar la débil arquitectura económica, situándola en riesgo de desmoronamiento. Cada vez está más claro lo que de forma razonada, y con más valor que José Tomás, declaró Ignacio González: el Gobierno debe llevar al Congreso de los Diputados una ley de huelga que regule este derecho, ineludible, sí, pero que no puede derivar en la ruina generalizada.
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