El Gobierno quiere regenerar la democracia, pero aún no ha resuelto la Transparencia

El Gobierno ha encargado una estrategia que motive un cambio en la percepción de los ciudadanos hacia los políticos. Antes del verano quiere presentar un plan que contempla la participación ciudadana en la elaboración de leyes, el acceso de colectivos o asociaciones al Congreso de los Diputados o la potenciación de las funciones del Senado. Sin embargo, la Ley de Transparencia sigue en un cajón desde septiembre y, el Ejecutivo es consciente de ello, el plan por la regeneración democrática no depende sólo de una norma bienintencionada sino de luz y taquígrafos.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) depende del Ministerio de la Presidencia. Se encarga de leer e interpretar el contexto social, político y jurídico. En los últimos meses, trabaja en una estrategia de regeneración democrática, uno de los grandes objetivos de la legislatura e imprescindible para rebajar la temperatura del descontento y la protesta. Benigno Pendás, director del CEPC, es consciente, según ha reconocido recientemente, de que de nada servirá un plan de maquillaje plagado de buenas palabras pero sin efectos perceptibles. El proyecto será presentado antes del verano.

Una de las paradojas de partida es que uno de los fines es ahondar en la transparencia. Supuestamente, este capítulo debiera estar abrochado una vez el Consejo de Ministros dio luz verde a una ley específica al respecto. La norma descansa en la Carrera de San Jerónimo, en los cajones del Congreso, enfangada en una burocracia que ha aplazado su tramitación hasta la fecha. Allí, Grupo Popular y Grupo Socialista negocian desde posturas muy distantes un contenido de consenso. Enero parece ser, al fin, el mes. La Comisión Constitucional comenzará a escuchar a expertos y a discutir detalles.

Uno de los intervinientes será Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, quien precisamente se refirió hace escasos días en EL IMPARCIAL a uno de los puntos fundamentales de la estrategia de regeneración democrática, un concepto desconocido en España como es el de Gobierno abierto. Así lo define: "Posibilita, en primer lugar, la información, y en segundo lugar, la participación de los ciudadanos en relación con los asuntos, decisiones, políticas de gasto, etc. de los gobiernos y las instituciones públicas a todos sus niveles".

En opinión de Lizcano, es necesario que los españoles tomen "conciencia" de su derecho a la información y que cambien una "cierta inercia negativa a la búsqueda y utilización de los datos de las entidades públicas, por lo que sería necesario una importante política de educación, difusión y divulgación, que conozcan todo lo que pueden conseguir". En cambio, el modelo actual no empuja a ello. De hecho, la Ley de Transparencia original, aún susceptible de cambio, autoriza el silencio administrativo. Lo que es lo mismo, permite la callada por respuesta a la demanda de datos por parte de un ciudadano o, por poner otro ejemplo, en absoluto recoge la Casa del Rey como objeto de consulta.

El Gobierno quiere pactar con la oposición una revisión de estos aspectos para que la norma no resulte un lastre y reste credibilidad al trabajo del CEPC que pronto se dará a conocer. Sin una Ley de Transparencia que se mueva en los mismos términos que las ya consolidadas en países vecinos, todo esfuerzo de Benigno Pendás habrá sido estéril.

Un Partido X lleno de incógnitas
Lo habrá sido porque la estrategia persigue también la participación del ciudadano en la tramitación de leyes, más contacto entre parlamentarios y electores o el acceso al Congreso de sectores, asociaciones o colectivos implicados en las materias que se aborden. Asimismo, se incluye un nuevo plan de Derechos Humanos que actualice el Título I de la Constitución –con problemas que puedan derivarse de la era Internet, por ejemplo- sin necesidad de una reforma de la Carta Magna. No menos esencial para el Gobierno es la intención de potenciar el papel del Senado más allá de su tarea territorial.

Del éxito o fracaso del lavado de cara democrático depende el triunfo o irrelevancia de movimientos sociales que exigen todos los elementos descritos para dar un voto de confianza al sistema y a sus máximos representantes. Más aún cuando alguno de éstos ha cristalizado ya en opción política. En incipiente y cargada de incógnitas opción política. El Partido X o Partido Del Futuro. Principalmente porque no hay rostros –ocultan su identidad- o porque la presentación se realizó vía Youtube y no hubo opción a preguntas, es decir, a la aportación o la consulta de terceros, uno de los supuestos pilares de su reivindicación.

Antes de que esta y otras aventuras avancen y se quiten la máscara, el Gobierno quiere golpear primero. Sin embargo, para mejorar la imagen de los políticos y dar la vuelta a la indignación no bastará con armar suficientemente la Ley de Transparencia y la estrategia de regeneración democrática, sino que habrá que hacer de las palabras hechos y para ello sacrificar una cómoda opacidad que ha conducido al punto más crítico para la credibilidad de los dirigentes. Pero aún quedan unos meses para empezar a comprobar si se trata de algo más que buenas intenciones o si sólo era el enésimo intento.