Enrique Aguilar | Miércoles 16 de enero de 2013
Un rasgo distintivo de toda democracia que no se defina solamente por la legitimidad electoral es la convivencia pacífica entra mayorías y minorías. En otras palabras, la aceptación de que la existencia de partidos opositores es consustancial al sistema mismo y a su normal funcionamiento.
Vistas así las cosas, razones no faltan para dudar de las genuinas convicciones democráticas de un gobernante que no admita la discrepancia y que divida al mundo entre leales y excluidos, cualesquiera sean el grado o los motivos de disidencia de estos últimos.
Las reacciones cada vez más desproporcionadas de la presidenta argentina frente a quienes se atreven a cuestionar el menor aspecto de su gestión o de su trayectoria son testimonio, en este sentido, de su escaso apego por aquella parte sustantiva del credo democrático que la coloca en pie de igualdad con otros líderes latinoamericanos, como Chávez o Correa, con los que mantienen ciertamente una indisimulada amistad.
Así se trate de un fallo judicial que le resulte adverso, o de las declaraciones de un galardonado actor como Ricardo Darín quien, en el marco de una entrevista, aludió tímidamente a su enriquecimiento patrimonial, la presidenta no pierde ocasión de reprender a quien no le rinda pleitesía en un tono tan agresivo y descalificador que se diría provoca menos miedo que preocupación: un signo de fragilidad en lugar de firmeza.
Ahora bien, conviene recordar a este respecto que semejantes muestras de intolerancia no sólo resultan incompatibles con la democracia. También, como toda postura que se presuma infalible y propenda a la unanimidad, son contrarias a la política misma, salvo que se la entienda como una guerra en la que el discurso reemplaza a las armas y en la que no hay espacio sino para los vencedores.