¿Cuál es el coste de la corrupción en España?

¿Cuál es el coste de la corrupción? No hay una cifra para España. Sí para Italia. Un libro blanco solicitado por el gobierno de Mario Monti señala que la corrupción le cuesta al país 60.000 millones de euros al año, un 3,9 por ciento del PIB desperdiciado por el comportamiento ilegal, o desleal, de la administración y los políticos. España tiene una menor incidencia de la corrupción, según Transparencia Internacional. Pero sólo con reducirla, nuestro país podría alcanzar sus objetivos de déficit público sin tantos recortes, y sin subir los impuestos. La corrupción, sí, nos cuesta dinero.

Hay un coste directo. Se observa cuando los programas de gasto público se encarecen porque se conceden se pagan favores, o se concede la gestión a grupos o empresas con criterios alejados del bien público. O cuando se conciben grandes obras, de utilidad dudosa, para poder repartirse favores. La corrupción cambia el comportamiento de los políticos. Hay proyectos que, por su tamaño, son más fáciles de vender al electorado, pese a su enorme coste, y ofrecen más oportunidades de repartir y beneficiarse en el camino.

También hay un coste indirecto. Las empresas dedican recursos a conseguir favores de la Administración, porque es más lucrativo que producir bienes y servicios necesarios. Es lo que se conoce como el rent-seeking, sobre lo cual hay una amplia literatura. El coste de ese comportamiento desviado es enorme. Las empresas dejan de mirar a los consumidores para cortejar a quienes tienen en su mano millones, decenas, centenares o miles de millones de euros, cuyo destino depende de que tomen una decisión u otra.

Y, por último, hay un coste de la imagen de España. Transparencia Internacional, el Banco Mundial u otras instituciones han mostrado que el capital que invierte a largo plazo desconfía de los países corruptos, porque suponen un coste añadido que, además, es difícil de valorar de antemano. Cuando se habla de que el capital necesita de un entorno institucional respetuoso y claro, también se refiere a que la corrupción sea moderada o baja.

Y luego hay situaciones que bordean la corrupción, pero que no entran claramente dentro de esa calificación. Son actuaciones legales, incluso ordenadas por la legislación, pero que suponen un comportamiento que puede calificarse como corrupto. Son las políticas que suponen grandes transferencias de renta o riqueza, que son el juguete preferido de los políticos para conseguir votos, aunque sea a costes inasumibles para el conjunto de la población, incluyendo a sus propios votantes.

Pero la corrupción no es sólo coste. Hay efectos positivos para la creación de riqueza, aunque tengan efectos negativos en otros ámbitos, como el del derecho o la moral. Parte de la legislación pone trabas, prohibiciones, límites y enormes costes a la creación de riqueza. Eso quiere decir que las leyes, la regulación, crean nichos permanentes en los que se puede crear riqueza. Algunos empresarios no quieren renunciar a los enormes beneficios que generaría saltarse las normas. Pero como también ellos quieren cierta seguridad, buscan la complicidad de la Administración, cuando no de los políticos.

Un caso típico es el de un terreno que va siendo crecientemente atractivo porque se considera que sería ideal para construir viviendas, pero está calificado como no urbanizable. Entonces, el dueño del terreno comparte algo de los beneficios provenientes de construir allí a cambio de convencer al político de que un cambio de calificación del terreno es lo más adecuado. Se ha creado riqueza porque el empresario atiende una necesidad de la gente. Pero el proceso por el que lo hace, en el que media el dedo de un político decidiendo que el terreno puede o no puede utilizarse con tal propósito, resulta corrupto.