Sería extraordinario si los inmigrantes no sufrieran más discriminación racial debida a la desaceleración económica y el crecimiento del desempleo, y no estoy hablando de los más de 1,7 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en España, como yo mismo, que son bien tratados, sino a los más de 2,3 millones de inmigrantes de América Latina y África (según los últimos datos del padrón municipal)
De acuerdo con un reportaje puntual de Amnistía Internacional
(“España: Entre la Desgana y la Invisibilidad”), el gobierno no está preparado para tratar el problema, cuya magnitud nadie conoce realmente porque España no cuenta con datos oficiales que permitan conocer el alcance del racismo en el país. Según el informe de agosto de 2007 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España es uno de los cinco países de la Unión que no publica datos oficiales sobre incidentes, denuncias o delitos racistas y no ha puesto en marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial. Amnistía Internacional viene reclamando a las autoridades españolas desde el año 2002 la puesta en marcha de un Plan Estatal de Lucha contra el Racismo.
Las carencias relativas al registro y análisis de datos sobre incidentes de índole racista, tanto en la fase policial como en la judicial, así como la ausencia de órganos independientes de investigación impiden conocer con precisión las dimensiones de la discriminación racial en España. Esta falta de datos, como algunos pretenden, no significa que el racismo no exista en España. Mucho antes del influjo de los inmigrantes, los gitanos en España (unos 700.000 según la Fundación Secretariado Gitano) han sufrido discriminación y continúan siendo discriminados prácticamente en todas las esferas de la vida pública y social. Como padre de dos mexicanos adoptados, conocidos (cariñosamente) cuando fueron pequeños como los “negritos” en el pueblo donde tengo una casa desde hace muchos años, soy particularmente sensible al racismo en todas sus manifestaciones.
Siendo el gobernante europeo “políticamente más correcto” -en palabras de Gideon Rachman, el principal columnista del área internacional del
Financial Times, publicadas el 18 de marzo- por sus reformas en asuntos como el matrimonio gay, el divorcio, la igualdad de género y los cuidados de los dependientes, es sorprendente que José Luis Rodríguez Zapatero no haya hecho más para combatir el racismo. Rajoy hizo bien al llevar el tema de la inmigración a la arena política durante la campaña para las elecciones del 9-M -España no tiene capacidad de absorberla
ad infinitud- aunque la forma de hacerlo se basó en amedrentar con la inseguridad ciudadana por razones electorales. La prueba suprema del admirable grado de tolerancia que existe hoy en España, algo que siempre ha impresionado a este observador, será cómo los políticos y la sociedad tratan este tema.