Sobre el euro por receta

Como era de esperar, el Tribunal Constitucional admitía ayer a trámite recurso del Gobierno central y también el presentado por el PSOE en Madrid contra el euro por receta desde principios de este año. El TC actuaba así del mismo modo a como ya lo hiciera el pasado día 15 en relación con una medida similar que se aplicaba en Cataluña. Mismo argumento, diferente reacción. Mientras que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, acusaba al Ejecutivo de llevar a las finanzas catalanas “a la asfixia” Ignacio González, su homólogo madrileño, acataba sin reparos la resolución y actuaba en consecuencia.

Con todo, la lealtad institucional de Ignacio González no le exime de su error a la hora de seguir adelante con una medida de cuya inconstitucionalidad ya había advertido en verano el Consejo de Estado. Y aunque la actual resolución del TC no sea definitiva y únicamente implique la suspensión cautelar de la medida, parece claro que su validez es cuando menos dudosa. Se estiman así los fundamentos jurídicos plasmados en la demanda del Gobierno, por cuanto el euro por receta “vulneraría la normativa estatal sobre sanidad y productos farmacéuticos y la igualdad de los españoles, gravando por dos veces la compra de medicamentos”. Y es que las comunidades autónomas han de esforzarse en implementar políticas de austeridad, pero no pasando por encima del marco constitucional. Sobre todo Cataluña.