Urdangarín y el Estado de Asco

Desde el punto de vista de la salud del Sistema, la corrupción que nos debe preocupar no es la que pasa por los Tribunales, sino la que se libra de ellos. No la que se juzga y condena, sino la que se conoce y se silencia.

El caso Urdangarín, como otros relacionados con el saqueo de lo público, o como el comercio ilegal derivado de decisiones políticas, puede escandalizar, y escandaliza. Pero no puede desmoralizar, por la sencilla razón de que está siendo instruido, será juzgado y, según el extenso auto de prescripción de fianza, tiene una pinta fatal para el Duque de Palma y para su socio.

Y lo mismo se podría decir del juicio de ilustres tonadilleras o banqueros, de médicos deportivos o constructores, de mafiosos rusos o actores porno. Ellos, como cualquier otro delincuente perseguido, juzgado o condenado, forman parte de la normal anormalidad de los humanos, que tan santos pueden ser como delincuentes.

Aquí, lo verdaderamente preocupante es lo que se sospecha, lo que conlleva indicios clamorosos, lo que se tapa, lo que se compadrea. Sea entre partidos, entre instituciones públicas o privadas, o entre ciudadanos del común que sortean la ética económica tanto como pueden.
Es totalmente cierto que es mucho más grave la corrupción con el dinero público que con el privado, aunque ambas deban ser perseguidas. Y que es más grave que roben quienes deben dar ejemplo que los ciudadanos pasivos, puesto que ya que los políticos en este Régimen han decidido la cooptación del poder con el silenciamiento de la sociedad civil, al menos que asuman más responsabilidades que el común.

Pero también es clamoroso que, precisamente por este fenómeno de acaparamiento del poder (generalmente consensuado entre varios partidos, porque entre bomberos no hay que pisarse la manguera) numerosos casos de evidente latrocinio son denunciados, investigados, cuajados de evidencias... hasta que todo termina en agua de borrajas. Lo que es un alivio para los autores, pero deja un poso amargo en la vida ciudadana que nunca termina de irse de la boca.

Por eso vivimos el fenómeno de corrupción en presente continuo. Más aún, en una acumulación continuada. Como los casos se prolongan décadas en el tiempo, los acumulamos todos día a día, de tal forma que en este 2013 confluyen escándalos de los últimos treinta años, y porque no queremos tener memoria para atrás. No porque ahora haya más corrupción que nunca, sino porque no se ha solventado la que hubo, aparece la más reciente y se sospecha de la que vendrá.

Si nos fijamos, se ha hablado recientemente del caso Pallerols, de hace quince años. De presuntas cuentas paradisíacas de los Pujol, de hace una década. Del caso Gurtel, de más de un lustro, incluido ahí si se quiere el de tesoreros voraces pillados con cuentas suizas otro lustro atrás. Hasta se vuelve a hablar, porque no está resuelto, del caso Filesa. La corrupción, o más que corrupción el timo, del caso Amy Martin es la más cercana en el tiempo, y la más irrelevante económicamente, aunque no en lo que encubre.

Todo junto, con Urdangarín a la cabeza, se une ahora para que España apeste. Pero no debería oler tanto lo que se descubre como lo que se camufla, y aquí hay mucho camuflado. Porque si ha salido dinero incontrolado en una Fundación subvencionada, ¿cuánto más ha podido salir? Si se han hecho negocios gracias a influencias ¿cuántas comisiones más se han traficado desde el poder? Si ha habido dinero opaco para financiar partidos ¿lo sigue habiendo? (Por cierto, son preguntas retóricas: todo eso ha existido, aunque no haya pasado por los Tribunales).

La existencia de ladrones públicos y privados hay que darla por descontada. Lo que es preciso es encontrar una forma de limitar esta actuación y, fundamentalmente, una forma de castigarla con celeridad. Es ahí donde se debería centrar cualquier pacto anticorrupción, pero para todos es evidente que éste es imposible cuando los firmantes tienen más cosas que tapar que enseñar.

Porque cuando la corrupción salpica por aquí y por allá, de arriba abajo de la sociedad y transversalmente a ella, la respuesta no puede ser individualizada bajo el eterno comentario de "¡qué escandalo!". El escándalo es que un determinado Régimen político, formalmente democrático, no ha encontrado ni encuentra respuesta al fenómeno. ¿No sería momento de pensar en la revisión de ese Régimen y profundizar en la democracia?
Como no hay que plantear brindis al sol, propongo desde aquí tres primeras medidas sistémicas, y no retóricas.

En primer lugar, la clarificación de la representatividad política para que el ciudadano gane control sobre los elegidos. Es imprescindible reformar la Ley Electoral hacia un sistema mayoritario por distritos uninominales, ya sea a una o preferiblemente a dos vueltas.

No es una cuestión de procedimiento, sino de fondo. Si el electo lo es en su nombre, y no en una lista de partido, no sólo crece la posibilidad de ser fiscalizado, sino se le aísla de una secta política que siempre tenderá, por naturaleza, a la opacidad, a la ley del silencio, a la sumisión y al clientelismo.

En segundo lugar, el cumplimiento del vulnerado mandato de separación de poderes constitucional. Porque el Poder Judicial, en España, está estructuralmente condicionado a los otros dos Poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, que, a su vez, son indistinguibles entre sí. De tal manera que, aunque haya jueces libres, no lo es la Justicia; y tribunales emanados del Parlamento, como el Constitucional, no tienen tanta capacidad de control (o lo contrario) por la vía objetiva de la Justicia, como por la vía de la Política.

En tercer lugar, la recomposición de la estructura territorial del Estado, con una mayor capacidad inspectora en todo el conjunto nacional. La estructura autonómica, tal como se ha ido construyendo, ha podido ser útil para la cercanía administrativa a los ciudadanos, pero también ha levantado barreras de impunidad para sus gestores. La incapacidad de supervisión superior, de inspección y control ha dejado cotos vedados a la vigilancia. Y en medio de ello, los municipios han quedado también como un territorio virgen, al margen de la Autonomía y del Estado. No hay que ser un lince para saber que a menor vigilancia, mayor corrupción.

Obviamente, hay muchas medidas que adoptar contra la corrupción. Pero mientras no se resuelva el funcionamiento del propio Régimen político, sólo quedará lamentarse que un día, y al siguiente, aparezca un nuevo caso que podamos sumar a la Bolsa de este Estado de Asco en el que nos hemos o nos han metido.