Una ciudadanía más activa

Ejes de una política progresista II

La semana pasada iniciamos una serie de artículos en la que pretendemos ir dando algunas ideas de lo que deberían ser, en nuestra modesta opinión, los ejes de una política progresista europea a comienzos del siglo XXI. El primero de ellos es “la profundización en los valores y mecanismos de la democracia”. Vayamos un poco más allá que el día anterior.

Las complejas sociedades actuales han dejado obsoleto el concepto de ciudadanía tal y como esté se configuró en las democracias occidentales desde mediados del siglo XIX, cuando desde los regímenes electorales de sufragio censitario se fueron dando lentos pasos hacia el sufragio universal masculino y todavía más pausadamente hacia una verdadera universalización del voto al incluir a las mujeres, lo que no sucedió en muchos países hasta después de la Primera Guerra Mundial y en no pocos hasta después de la Segunda. La ciudadanía estaba vinculada estrechamente, y sigue estándolo, a la nacionalidad. La heterogeneidad de pueblos y razas no fue fuente de conflictos en algunos países porque esta heterogeneidad no era incompatible con una nacionalidad jurídica común, pero sí hubo problemas graves en otros territorios: quizá el mejor ejemplo sean todas las artimañas que algunos Estados de Estados Unidos utilizaron durante más de un siglo, desde el final de la Guerra de Secesión, para impedir un verdadero ejercicio de la ciudadanía a la población negra mientras mantenían infames políticas de discriminación racial.

Los constantes flujos de población en las sociedades actuales han dado a éstas un aspecto mucho más diverso que el que tenían en países como Francia, Gran Bretaña o España a principios del siglo XX. Buena parte de los habitantes de un Estado no son hoy ciudadanos con plenos derechos políticos por cuestión de su nacionalidad. Es necesario que el concepto de ciudadanía deje de tomar como referencia la nacionalidad y empiece a considerarse como fundamento la residencia. Si una persona reside de forma continuada en un país más de dos años, por ejemplo, no tiene sentido que no pueda ejercer en él sus plenos derechos políticos, tanto desde el punto de vista del sufragio activo como del pasivo, es decir, tanto para ser elector como para poder presentarse a elecciones municipales, autonómicas o generales. En los Estados de la Unión Europea, ya se ha previsto esta posibilidad hace años para las elecciones locales –lo que llevó al cambio del artículo 13 de nuestra Constitución–, y ahora sería necesario extenderla al conjunto de la vida política. No es un tema que haya que abordar de forma meramente cuantitativa y que haya que analizarla sólo desde el punto de vista de en qué medida se incrementaría el censo y los problemas que conllevaría para los partidos mayoritarios, sino que es una cuestión de principios. Las personas tienen derecho a participar en la vida pública con plenos derechos políticos allí donde viven porque les afecta la legislación de ese país y sobre la misma no han podido decidir a través de sus representantes. Dan ganas de gritar, como los independentistas de las Trece Colonias: “No taxation without representation!”.
Hay que analizar rigurosamente los problemas que este cambio en el concepto de ciudadanía implica: por ejemplo, la posibilidad de que haya personas que voten en su país de origen y en el país de residencia, cuestión que no me parece especialmente grave; o cómo acreditar realmente la residencia para que no puedan producirse empadronamientos masivos que provoquen tensiones sociopolíticas, las cuales podrían ser especialmente importantes en pequeños municipios.

Este nuevo concepto de ciudadanía puede mirarse también desde un punto de vista social como respuesta a la amplia población inmigrante que reside desde hace muchos años en países occidentales. Si en las sociedades actuales queda algo medianamente parecido al proletariado del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, son las capas más desfavorecidas de la población inmigrante. El discurso progresista se ha olvidado de estas personas demasiadas veces, quizá porque sus votos no cuentan. Es hora de dar una respuesta digna, desde el punto de vista político y social, a esta población, empezando por ofrecerla incorporarse a la ciudadanía activa.

A los jóvenes también hay que hacerlos más partícipes de la democracia. Por un lado, ofreciéndoles en su etapa de formación los conocimientos teóricos que les permitan conocer los fundamentos jurídicos, políticos, sociales y económicos del Estado constitucional en el que viven, los valores que impregnan dichos fundamentos y los rudimentos de cómo funciona una democracia insertada en la Unión Europea y en un mundo globalizado: división de poderes, modelo parlamentario, jerarquía de las normas, organización territorial del Estado, implicaciones del derecho internacional en la legislación nacional, principales instituciones internacionales y la participación de su país en las mismas.

Por otro lado, hay que incentivar que los jóvenes intervengan en la vida pública más allá de acudir a votar a las elecciones cuando han cumplido los 18 años. Esto es necesario para el conjunto de la población, pero es aun más importante para los jóvenes, en gran parte porque, frente a lo que pasa en las generaciones anteriores, ellos, en España y en otros países, no sienten la democracia en la que viven como algo que les pertenezcan, como algo propio, sino más bien como unos mecanismos que dificultan su inserción en la sociedad y el desarrollo de sus vidas. Ven la democracia como un conjunto de viejas instituciones y normas que crearon las generaciones de sus padres o de sus abuelos y que ya no responde a la sensibilidad del nuevo tiempo y a sus necesidades. Por eso, hay que arbitrar los cauces, como señalábamos en el artículo anterior, para que esta participación se haga efectiva aprovechando en muchos casos las ventajas que ofrecen las TIC’s.

Una política progresista no sólo tiene que escuchar a los jóvenes sino integrarlos en el diseño de la misma, más allá de esas reuniones decorativas en que un viejo candidato aparece rodeado de adolescentes y veinteañeros o de esas asociaciones juveniles de partido en las que más que idear políticas de futuro, respuestas a los problemas sociales, lo que se hace es aprender a cómo medrar dentro de la organización. Me llama mucho la atención la completa ausencia de jóvenes en la inmensa mayoría de foros que en los últimos meses se han convocado para tratar temas de actualidad por partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación e instituciones públicas. Las imágenes que los medios han transmitido de los mismos daban la impresión de que estábamos ante un selecto senado de sabios pensionistas, cuya voz hay que escuchar, claro, pero no sólo.