Confianza, reformas y corrupción

El influyente “The Economist”, al referirse a la cólera ciudadana motivada por los casos -probados y por probar- de corrupción, advertía del riesgo de una ola de populismo si no se restauraba la confianza ciudadana en las instituciones de nuestra democracia. El redactor de ese artículo se refería a dos importantes defectos -¿enfermedades actuales?- de nuestro sistema político: la falta de confianza de los ciudadanos en sus representantes y unos partidos políticos que lo ven todo desde la óptica de combatientes contra enemigos.

El semanario británico sugiere al Gobierno de Mariano Rajoy que lleve adelante “una investigación pública independiente” para poner fin al malestar social con los nuevos indicios de corrupción, y también, que se ponga a la tarea de acordar con las demás fuerzas políticas parlamentarias una reforma del sistema de partidos políticos.

No se si tratándose de un medio tan respetado en los círculos empresariales y económicos del mundo, sus recomendaciones producirán algún efecto. Crear una comisión independiente para estudiar las causas de la corrupción, saber de una vez si ésta es pequeña o grande; si es consustancial al sistema de partidos, o sólo se relacionaba con el negocio inmobiliario, etcétera, sería una buena idea; y no porque “The Economist” lo haya propuesto, sino porque muchísimos españoles corrientes lo llevan pensando y muchos otros lo han pedido por escrito o en alta voz.

Por supuesto, esa “comisión independiente” no podría entrar en asuntos que la Justicia está investigando. ¡Vamos! ¡Barcenas y la red “Gurtel” no sería su objetivo! Sin embargo, ¡qué bueno sería superar esas crónicas de sucesos para conocer las causas profundas de la corrupción! ¿O no parece evidente que si la corrupción está adherida al negocio inmobiliario sus causas son las mismas que las de nuestra actual crisis económica? ¿Es que podemos saber que ciertos políticos han caído en delitos económicos y, sin embargo, seguimos desconociendo que nuestras leyes urbanísticas -por poner un ejemplo- incitan a su incumplimiento, e incluso, incitan al delito?

Hace ya muchos años que un informe de la Comisión de Defensa de la Competencia avisaba de lo que podría suceder. Pasó desapercibido; también entonces el debate público no fue más allá del corto plazo, del horizonte electoral. Cambiada la mayoría gubernamental, cambiadas las preocupaciones. Los problemas de fondo siguieron sin resolverse. Hasta que llegó la situación actual.

Esa “comisión independiente” que propugna el semanario británico se podría crear de inmediato. La podría constituir el Gobierno. Hay algunos ejemplos. Me viene a la cabeza la comisión Abril Martorell, en la que el antiguo ministro de la transición elaboró un informe sobre las necesidades sanitarias en España.

¿Podría crearse una comisión parlamentaria para ese cometido? Con los actuales reglamentos de las Cámaras, esa comisión estaría supeditada a la dinámica partidista -la oposición contra el Gobierno- y no serviría para mucho. Pero habría otras posibilidades parlamentarias. El Congreso o el Senado, o los dos conjuntamente, podrían crear una comisión constituida por personas que no obedezcan a los partidos políticos, personas seleccionadas por su acreditada competencia y por su alta consideración moral. El ejemplo de Japón -en cuyo parlamento se creó una comisión de miembros independientes para investigar la gestión nuclear (con sospechas de corrupción)- debería estar entre las soluciones que devolvieran la confianza de los ciudadanos en la institución parlamentaria.

Lo que estamos pidiendo no es otra cosa que soluciones políticas, en el más alto y democrático sentido de la palabra. Los riesgos de populismo, que ya señala hasta el semanario británico, debería mover a los grupos parlamentarios a ponerse de acuerdo para colaborar en esa política con letras mayúsculas. Esos grupos, y los partidos que los organizan, tienen que recuperar la iniciativa democrática.
Eso significa, entre otras virtudes perdidas, soltar amarras con los medios de comunicación. Confundidos periodistas y políticos, empresarios de la comunicación y gobernantes, esa amalgama es siempre una muy mala coyunda, que deteriora la independencia de los creadores de la comunicación, y que convierte al representante político en un ente dependiente de poderes que no son los del pueblo representado. Quizás estas admoniciones cívicas parezcan de otra época. ¿Pero la caída de las tiradas de algunos periódicos no obedecen al mismo proceso que está detrás de la abstención de los votantes decepcionados?

“The Economist” propone al Gobierno de Mariano Rajoy que busque acuerdos para reformar los partidos políticos. “Reformar” es devolver las formas perdidas por el paso del tiempo. No es mala definición para una tarea que urge. Volvamos la mirada al articulo 6 de nuestra Constitución, y ahí encontramos la solución: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político (¡el individuo es el comienzo de todo pluralismo!) (...) son instrumento fundamental para la participación política (¡ahora parecen seres que instrumentalizan las instituciones!) (...) Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” (¡Eso está en las antípodas de los famosos “argumentarios”, la palabrería que ha sustituido a las ideas y la critica libres, un método propio de partidos totalitarios del pasado siglo!)

La reforma de los partidos sólo será posible si cambia radicalmente la cultura política de este final de época. En nuestras democracias, y mucho más en la nuestra (que sólo funciona bien con acuerdos), el rival no debe entenderse como un enemigo. Esa fue la aportación principal de Carl Schmitt, el más implacable adversario de la democracia liberal y de la pluralidad política. Su concepción del enemigo en política tiene consecuencias en asuntos como la corrupción: el dinero se entiende como botín, la recompensa de una actividad que busca únicamente triunfar.