Los dineros de Rajoy y la necesidad de reformas

Señaló André Gide que con buenas intenciones no se hace buena literatura. Si esta apreciación es bastante cierta, lo es todavía más si la trasladamos a otros ámbitos. Por ejemplo, sin ir más lejos, a la gravísima situación de corrupción que se ha acomodado en España y que, lejos de disminuir, va a más. Para atajar y terminar con esa corrupción -una tarea que no puede aplazarse más- las buenas intenciones no son en absoluto un remedio, ni mucho menos una solución contundente. Lamentablemente, no otra cosa que buenas intenciones son las que parecen haber guiado al presidente del Gobierno a hacer públicas sus Declaraciones de la Renta y de Patrimonio entre los años 2003 y 2012 a través de la página web de La Moncloa.

El Ejecutivo y el Partido Popular han lanzado a bombo y platillo y con grandes alharacas esta iniciativa, vendiendo la idea, y pidiendo a otros partidos que la pongan en práctica. Es verdad que no deja de implicar un amago de transparencia en los dineros de los políticos. Pero, sobre todo, llama la atención, ya que son las primeras declaraciones a Hacienda de un presidente que se conocen en las más de tres décadas de democracia. Parece así también que se ha buscado un golpe de efecto, a ver si amaina la tormenta.

Sin embargo, lo que preocupa a los ciudadanos de los políticos no son tanto los fondos privados como los dineros públicos que pertenecen a los contribuyentes. Porque lo que está claro es que dar a conocer las Declaraciones a Hacienda de Mariano Rajoy no sirve realmente para nada en relación con lo que se está ventilando: esa presunta contabilidad B del partido, de la que presuntamente se habrían beneficiado varios dirigentes populares, entre ellos el propio señor Rajoy. Algo tan inverosímil en su caso, como la verdad de Perogrullo de que si el presidente del Gobierno hubiera recibido presuntamente dinero negro no iba a consignarlo en sus Declaraciones.

La corrupción no puede convertirse en un mal endémico en España, que no se corte de raíz. Las mutuas acusaciones de los partidos de “y tú más” llueven ya sobre mojado en el hartazgo de los ciudadanos ante el comportamiento de la clase política, que ha caído en lo más bajo de la valoración ciudadana, según el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). El Gobierno y el PP no deberían dar por zanjado el “caso Bárcenas” porque el presidente haya hecho públicas sus Declaraciones de la Renta. Y no debería hacer oídos sordos a lo que arroja la encuesta de Sigma-Dos, conocida ayer: el 78 % cree que el PP manejaba dinero negro, el 76 % que se pagaron sobresueldos en B y el 67 % que el propio Rajoy se benefició de ello o intervino en el reparto.

Esas sospechas encierran muy probablemente grandes injusticias personales: es bastante lógico pensar que si el señor Rajoy hubiera querido enriquecerse –lícita o ilícitamente- se hubiera dedicado a su Registro, que no a la política, donde tiene que soportar diariamente improperios y descalificaciones por 70.000 € anuales. Dicho lo cual, es también más que posible que los partidos, en general, se estén financiando de manera irregular e ilícita, en relación a una legislación que pone tope a los ingresos, pero no a los gastos del descomunal aparato burocrático de los partidos e ingentes gastos electorales.

Precisamente por eso, hay una urgentísima necesidad de reformas políticas y no nos cansaremos de decir que el actual sistema de financiación de los partidos en España da vía libre a la corrupción. No se trata de alarmismos, pero sí de ser muy conscientes -y parece que los políticos no lo son- de que vivimos un momento explosivo con tres frentes abiertos: corrupción galopante, crisis política y crisis económica, con una tasa de paro insoportable. Ante esto, subir a una web Declaraciones de la Renta poco menos que como si fuera el bálsamo de Fierabrás parece que es un intento, obviamente condenado al fracaso, de curar el cáncer con aspirinas.