Transparencia frente a la corrupción

Ejes de una política progresista III

Las semanas pasadas hemos ido adelantando ideas que, en nuestra modesta opinión, sirven para construir los ejes sobre los que debería rotar una política progresista europea en el siglo XXI: la profundización en los valores y mecanismos de la democracia, la educación pública, una economía de libre mercado con conciencia social y ecológica, y una fiscalidad limitadamente progresiva que no haga recaer casi todo el peso de la hacienda pública sobre las rentas del trabajo. Avancemos.

Para concluir con el primero de ellos, insistamos en la necesidad de que la transparencia tiene que ser total en las democracias excepto en aquellos aspectos que por distintos motivos se pueda poner en peligro la seguridad del Estado o de personas o los intereses colectivos, por ejemplo, en temas económicos internacionales. En estos casos, que tienen que ser tasados, el hecho de que algunas cuestiones no se deban hacer públicas no significa que no tengan que estar sometidas a controles por los poderes del Estado: comisiones gubernamentales que eviten la arbitrariedad de un único agente, comisiones parlamentarias y fiscalización del gasto por los diferentes tribunales.

El resto de asuntos, que son la mayoría en una democracia, deberían ser accesibles a cualquier ciudadano e incluso estar disponibles en internet, porque hay que dejar claro que el Estado es de todos, somos todos, en realidad, y no sólo de los que lo gestionan. Así, habría que publicar los sueldos de los políticos a todos los niveles y de los asesores de libre designación, incluyendo dietas y otros gastos de representación, compensación, etc., al tiempo que se fiscalicen sus patrimonios desde que acceden a un cargo público; los presupuestos de todas las administraciones, entes públicos y empresas con capital público mayoritario; los presupuestos de los partidos políticos en los que se refleje expresamente los salarios asignados a sus directivos y asesores --excluiría a los trabajadores que cobren sueldos inferiores a 50.000 euros/año-- y las donaciones de empresas y particulares; los contratos públicos que firmen las administraciones y fiscalización eficaz y temprana de los que firmen los entes y empresas públicos siempre que los mismos puedan afectar a su competitividad, pues si no la afectasen, también deberían publicarse.

Son sólo algunos ejemplos que ya se están discutiendo a propósito de la llamada Ley de transparencia o incluso, en algunos casos, esa información ya está disponible, aunque el acceso a la misma no es siempre fácil, cómodo y transparente. El principio debería ser que todo lo que afecta a un servicio público debe ser público. Una comisión dictaminaría qué cuestiones podrían no ser publicadas, dando razones del porqué, y sometiendo las mismas, no obstante, a otro tipo de controles y fiscalización.

La voluntad de transparencia de las administraciones y de los políticos se tiene que plasmar no sólo en mostrar sus cuentas sino en hacer llegar éstas a los ciudadanos de una manera comprensible y fácilmente fiscalizable, con detalles suficientes que justifiquen los ingresos y los gastos. No se trataría de dar unas cifras generales que nada aporten sino de permitir un verdadero control por parte de los ciudadanos. Es evidente que no se puede establecer un tipo de control tan rígido y arbitrario que pueda llegar a paralizar el funcionamiento de las administraciones y de la vida pública, por lo que hay que establecer unos mecanismos para el acceso a la información y la solicitud de justificación de la misma.

La transparencia no afecta sólo a cuestiones económicas sino también políticas. Habría que articular todavía más y mejor el papel de lobby que ejercen representantes de distintos sectores sociales, incluidos los empresarios y los sindicatos. En muchos casos, su presencia en comités nacionales, autonómicos, locales, de las diferentes administraciones y de los entes y empresas públicas está ya prevista. Ahí desempeñan un papel fundamental, por ejemplo, a la hora de discutir las propuestas o proyectos de ley que se llevarán al Congreso o la normativa de desarrollo de las mismas. La defensa corporativa de intereses particulares de estos lobbies no sólo es normal en una democracia sino que enriquece los debates sobre los problemas existentes y plantea soluciones desde el conocimiento de los sectores afectados, por eso hay que aprovechar esta riqueza de la sociedad civil, pero sin olvidar que los que tienen la última palabra son los representantes públicos que velan por los intereses generales. Por eso, en ese juego de fuerzas es también imprescindible la transparencia.

Como dijimos unos días atrás, la transparencia, reflejada en normas que la hagan posible, es un elemento más para evitar o dificultar la corrupción, pero si no impera una moral --es decir, unas costumbres-- en la que la corrupción sea desechada como forma de actuación política, bien por autoconvencimiento de los actores bien por la presión jurídica y las penas económicas y de cárcel para los corruptos --que deberían subirse en la próximo reforma del Código Penal--, el logro será mínimo.