El imputado Oriol Pujol inventa la delegación de funciones

Oriol Pujol se ha limitado a delegar de sus cargos en su partido, CDC, pero ni ha dimitido ni ha renunciado a su acta de parlamentario, hasta ver cómo evolucionan los acontecimientos en los tribunales. Lo sorprendente de ese caso, aparte de esta figura de la delegación de funciones que se ha inventado, según los analistas políticos consultados por este diario, ha sido la actitud que ha tomado el PSC. Mientras toda la oposición ha reclamado al político convergente que deje su escaño, los socialistas se han unido a CiU y a su socio de Gobierno, ERC, y han evitado pedir la dimisión de Pujol como diputado.

Su portavoz en el Parlamento, Mauricio Lucena, ha justificado esta decisión en la defensa de la presunción de inocencia y ha pedido que “por higiene democrática, la justicia actúe lo más rápidamente posible”. En este sentido, hay que recordar, señalan las mismas fuentes, que los socialistas catalanes también tienen en estos momentos un diputado imputado en los escaños de la Cámara catalana y que tampoco ha renunciado a su acta de parlamentario.

Curiosa ha sido la reacción de Pujol, con una decisión inédita en política, la delegación en funciones de sus cargos en el partido. Hace un mes, el hijo del ex presidente catalán afirmaba tener la esperanza de que no se produjera esta imputación y aseguraba que nadie en Convergencia, ni él mismo, iba a importunar el proceso independentista decidido por Artur Mas. Quizás es por este motivo, el diputado autonómico y hasta hoy, aunque no se sabe hasta cuándo, secretario general de CDC, “ha echado mano del consabido lamento”, indican los medios consultados.

Es decir, que se trata de una campaña contra Cataluña y la apuesta soberanista emprendida por CiU y ERC. Justo en un día en el que la Generalitat ha llevado ante el Tribunal Constitucional cuatro leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Lo de siempre, la ley del embudo. Cataluña puede usar los tribunales, con todo su derecho, para defender sus intereses, pero si es el Gobierno o la Justicia quien lo hace contra la Generalitat o dirigentes de CiU es un ataque a esa comunidad”, recalcan los analistas políticos.

Otro foco de atención informativa de este martes estaba en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix San Roldán para explicar si la amiga del Rey, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, ha cobrado de los servicios de inteligencia españoles o ha recibido escolta por parte de sus agentes.

Sanz Roldán ha afirmado desconocer si Corinna ha realizado algún tipo de trabajo clasificado para el Estado, pero sí ha rechazado de plano que haya trabajado para el CNI, según informa la agencia Efe. El general también ha asegurado que no le consta que se hayan destinado recursos públicos específicos a su seguridad y ha recalcado que nunca fue protegida por agentes del Centro, que por cierto no están habilitados para esta función, que en todo caso correspondería a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En su comparecencia parlamentaria, Sanz Roldán ha negado cualquier tipo de relación del CNI con la empresa de detectives Método 3, aunque ha admitido que esa empresa ofreció sus servicios, que no fueron aceptados, y ha rechazado que tenga conocimiento de que haya planes para crear un servicio de espionaje en Cataluña.

En relación al “caso Noós”, el director del Centro Nacional de Inteligencia se ha referido a preguntas de los diputados a las actividades del “hacker” argentino, socio y director tecnológico de la empresa CF Labs, Matías Bevilacqua, y a quien se ha vinculado desde algunos medios de comunicación con el pirateo de 30.000 correos electrónicos del Instituto que presidió Iñaki Urdangarín.

Sobre esta cuestión, ha reconocido que Bevilacqua tuvo relación con el CNI a través de dos empresas especializadas en informática forense, pero que en 2008 el Centro prescindió de sus servicios al desarrollar sus propias tecnologías en este campo, a la vez que ha negado tajantemente que en cualquier caso esta persona haya sido miembro del servicio de inteligencia.

En el capítulo judicial de este caso, que entra ya en sus últimas fases de instrucción, el consejero de la Generalitat valenciana y actual vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha comparecido este martes como testigo ante el juez José Castro para negar que su firma fuera determinante con el fin del Instituto Nóos cobrara del Gobierno de esa comunidad por la organización de unos Juegos “olímpicos” Europeos en Valencia, que nunca tuvieron lugar.

José Castro también ha tomado declaración en Madrid al asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, quien le ha dicho que en 2006 se dirigió al yerno del Rey para que abandonara sus actividades en Nóos “para evitar que obtuviera rédito económico por ser quien es”.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa, en relación a un asunto que ha provocado gran indignación y malestar entre los militares, la paliza infligida a dos detenidos en Irak por parte seis soldados españoles, ha reconocido que el vídeo publicado por “El País” es cierto y se grabó en una base del Ejército de Tierra en el país asiático en 2004. En un comunicado, Defensa asegura que es factible reconocer al menos, a dos de los militares que participaron en este deplorable incidente, aunque sus caras hayan sido distorsionadas.