Jueves 21 de marzo de 2013
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dejaba ayer visto para sentencia el caso de la etarra Inés del Río y su impugnación de la denominada doctrina Parot. En base a dicha doctrina, terroristas como la citada Inés del Río o el propio Henri Parot veían aplicados los beneficios penitenciarios al total de su condena en lugar de a los 30 años previstos en el antiguo Código Penal. Se intentaba evitar así que hubiese tarifa plana en asesinatos, y que saliese prácticamente igual asesinar a una sola persona que a 24, cual es el caso. Sin embargo, el recurso presentado ante Estrasburgo podría dar al traste con todo ello y dejar en la calle a violadores y terroristas.
Pese a los intentos de serenar los ánimos por parte del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es lógico que haya un cierto clima de alarma social. Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional avalaron la doctrina Parot a sabiendas de que resultaba una valiosa herramienta en la lucha del estado de derecho contra el terrorismo. Si se admitiese el recurso, España podría “hacer ingeniería jurídica”, como sugirió ayer Fernández Díaz, para evitar este despropósito, pero nada sería ya igual.
La presente situación retrata a una izquierda abertzale que sigue al dictado de ETA, que ni se ha disuelto ni parece tener la menor intención de hacerlo. Retrata igualmente al un nacionalismo vasco en exceso complaciente con el entorno radical. Y retrata también a un nutrido sector de la izquierda que siempre se ha mostrado más próximo a los verdugos que a las víctimas. Es el caso de Luis López Guerra, ex parlamentario socialista, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, valedor del proceso de diálogo con ETA abierto por Zapatero y muñidor en Estrasburgo de tumbar la doctrina Parot. Si esto sucediera, él sería uno de los máximos responsables.