¿Aprenderemos de la crisis?

El filósofo estadounidense Ronald Dworkin, fallecido recientemente, es uno de los filósofos del Derecho más importante de la segunda mitad del siglo XX. Entre los inéditos que ha dejado, se publica esta semana en The New York Review of Books unas páginas del que será ya libro póstumo: Religion Without God (Religión sin Dios). El núcleo del texto de Dworkin remite a una vieja discusión filosófica: ¿son posibles “some transcendental and objective value”, si Dios no existe? (“algunos valores transcendentes y objetivos” –traduzco “value” siempre en plural, quizá sobreinterpretando a Dworkin, para quitarle la carga de abstracción idealista que en singular tiene, pues el autor remite a distintos valores). Dworkin, que cita como argumento de autoridad a Einstein, piensa que sí e intenta exponer una teoría de los valores sin remitir a Dios.

Escribe: “If we can separate God from religion –if we can come to understand what the religious point of view really is and why it does not require or assume a supernatural person– then we may be able to lower, at least, the temperature of these battles by separating questions of science from questions of value” (“si podemos separar a Dios de la religión –si podemos llegar a entender lo que el punto de vista religioso representa realmente y por qué el mismo no requiere o asume una persona supranatural– entonces será posible, al menos, rebajar la temperatura de estas batallas por separar las cuestiones de la ciencia de las cuestiones de los valores”) Si se consigue hacer esto, según Dworkin, “the value part does not depend –cannot depend– on any god’s existence or history” (“el tema de los valores no depende –no puede depender– de la existencia o historia de dios” –vinculo “god” en esta frase tanto a existencia como a historia, pero podría interpretarse de otra manera: la existencia de dios o la historia).

Según el filósofo, debemos considerar la existencia de “inherent value in both dimensions of human life: biological and biographical” (“valores inherentes en las dos dimensiones de la vida humana: biológica y biográfica”). Por eso concluye: “We need to explore a bit the metaphysics of value” (“necesitamos explorar un poco la metafísica de los valores”).

Dejo que el lector descubra por sí mismo cuál es la propuesta de Dworkin, sólo apuntada en las páginas de la revista literaria neoyorkina y suponemos que más elaborada en el libro que publicará este año Harvard University Press. El tema de la existencia de unos valores objetivos y transcendentes, que bien podríamos reelaborar como subjetivos e inherentes, pero transcendentes a la propia vida, y, por tanto, objetivables históricamente, me interesa para reflexionar sobre esta crisis que estamos sufriendo, la cual, como se ha repetido ya mil veces, no es sólo económica sino también de valores.

Sin ánimo de ser exhaustivo en la explicación de las causas de la crisis, diré que la misma tiene mucho que ver con el afán de enriquecimiento que, siendo lícito y actuando casi siempre dentro de los cauces que las leyes permitían, llevó al colapso del sistema al perder de vista la realidad: prestamistas norteamericanos daban hipotecas a gentes que podían pagarlas en tanto la situación económica se mantuviese al alza, aun a riesgo de que un ligero empeoramiento podría llevar al impago de las mismas, al tiempo que con esas hipotecas fabricaban paquetes financieros, bien valorados por las agencias calificadoras, con los que comercializaban en la bolsa y en otros mercados. Todo el mundo intentaba subirse al carro del crecimiento exponencial de los beneficios. La jugada acabó afectando no sólo al sistema financiero norteamericano sino también al de otros muchos países que invirtieron en las “hipotecas basura”; en esos países, además, existían factores endógenos que podían desembocar en otra crisis financiera, como las burbujas inmobiliarias de Irlanda y España. Son sólo algunos ejemplos, se podrían poner más. Nadie, o casi nadie, quiso detenerse un momento a reflexionar sobre si el sistema era sostenible a medio y largo plazo o a pensar si las posibilidades de que se desestabilizara eran grandes. Los que compraban viviendas veían que podían hacerse con un bien que hasta hace poco les era inaccesible y que además incrementaba rápidamente su valor, y esto les permitía enriquecerse dadas las facilidades de crédito y bajos tipos de interés y el creciente mercado inmobiliario. Los que vendían los terrenos e inmuebles y los que concedían las hipotecas veían cómo entraban a diario pingües beneficios en sus empresas y en sus bolsillos privados. Y los que movían los productos financieros pensaban que habían encontrado la gallina de los huevos de oro y se embolsaban millonarios sueldos y comisiones. El mundo financiero se desconectó completamente de la realidad y se empezaron a hacer o se fomentaron productos de ingeniería financiera cada vez más sutiles, aprovechando también las ventajas que ofrecían las nuevas tecnologías, el mundo globalizado y la opacidad de los paraísos fiscales.

Más de un quinquenio después, la toma de medidas contra estas prácticas sigue siendo lenta y moderada, en parte porque las estructuras políticas nacionales chocan con la internacionalización de los movimientos de capital. La crisis chipriota muestra una vez más la incapacidad de la Unión Europea para afrontar de raíz los problemas económicos con políticas comunes. ¿Cómo se ha podido permitir durante tanto tiempo un paraíso fiscal en las entrañas del euro? ¿Cómo se puede seguir permitiendo el dumping fiscal irlandés y de otros países que arrastran hacia ellos los beneficios generados por el comercio internauta?

La tan cacareada refundación del capitalismo de la que se habló en los comienzos de la crisis, cuando se empezaron a hacer públicas algunas prácticas financieras, tan indecentes como legales, ha quedado en agua de borrajas. Apenas se han adoptado políticas a nivel nacional e internacional para diferenciar claramente la economía real –sectores primario y secundario y comercio de bienes y servicios– de las prácticas financieras que actúan cuál crupieres en los casinos ordenando las apuestas especulativas. No es fácil adoptar estas políticas porque la imbricación de la economía real y la economía financiera especulativa –o, mejor dicho, altamente especulativa, pues toda economía especula– es muy grande, pero parece que tampoco hay una clara voluntad política ni a nivel nacional ni internacional.

La importancia de la crisis de valores en la crisis económica y social que vivimos en España es muy evidente. Permítanme un relato sucinto y, por lo mismo, demasiado simple de la crisis: la especulación con el precio de los terrenos y los inmuebles permitió el enriquecimiento rápido de muchas personas. Los poderes públicos no actuaron como exige el artículo 47 de nuestra Constitución “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, sino que, al contrario, favorecieron la misma, pues resultaba rentable no sólo a muchos ciudadanos que comprobaban cómo crecía el valor de sus bienes inmuebles sino también a los políticos que veían cómo entraban ingresos en las arcas públicas municipales, autonómicas y estatales, ingresos de los que de vez en cuando una parte se desviaba, como estamos conociendo día a día, a bolsillos privados. Excepto los jóvenes que estaban buscando una vivienda –los que ya la habían comprado especulaban con ella como todo el mundo–, el resto de la población mal que bien se aprovechaba de la circunstancia en tanto que veía un beneficio directo o potencial. Muchos decidieron vender sus casas y hacer un buen negocio –o eso pensaban, y además buena parte en negro– y comprar una vivienda mejor aprovechando los bajos tipos de interés y las facilidades de pago a largo plazo, gracias a las tasaciones infladas que hacían empresas de los propios bancos que concedían el crédito, los cuales te invitaban también a meter en el mismo préstamo hipotecario los gastos de instalación en la nueva vivienda como un mobiliario a todo lujo, unos muebles de cocina y electrodomésticos último diseño e, incluso, un nuevo coche y, si llegaba el caso, el viajecito soñado a algún sitio que sonase al fin del mundo. A eso el banco sumaba una tarjeta de amplio crédito según el perfil del cliente. Y así los españoles nos acostumbramos a vivir lujosamente de prestado. La verdad es que era difícil resistirse a incitaciones tan sugestivas. Lo más curioso es que las constructoras, las inmobiliarias, los propios bancos, los poderes públicos y otros beneficiarios del boom económico pensaron que una economía basada fundamentalmente en el ladrillo podía mantenerse a largo plazo con crecimientos exponenciales, sin verse contaminada por factores endógenos o exógenos, aun a sabiendas de que la mayor parte del dinero se tenía que pedir fuera de nuestras fronteras, incrementando notabilísimamente la deuda exterior en manos privadas y consecuentemente nuestra dependencia de los mercados financieros internacionales.

Algunos pensamos ingenuamente que el discurso de Zapatero contra la especulación era cierto y mucho antes de la burda manipulación que el Gobierno de Aznar y los líderes del PP hicieron de los atentados del 11-M, intentando vincularlos a ETA a toda costa antes de las elecciones del 14-M, habíamos decidido pasar de nuestro tradicional voto abstencionista del final del felipismo al voto activo al PSOE. Zapatero decepcionó a muchos en esto como en tantas otras cosas. Por eso publiqué en mayo de 2009 un artículo titulado: “El ladrillo de Zapatero”.

Cuando el crédito dejó de fluir, la economía se estancó y comenzó un progresivo y rápido hundimiento, lo que hizo que el superávit presupuestario quebrase, llegó el déficit y se empezó a incrementar la deuda pública alarmantemente en tanto que los tipos de interés a los que tenía que financiarse la economía española subían a pesar de estar en momentos de tipos internacionales muy bajos. Es lo que tiene el riesgo país, como hemos aprendido en esta crisis.

La pregunta que tenemos que hacernos es si realmente hemos asumido las consecuencias de la crisis o simplemente las estamos soportando todo lo estoicamente que se puede, aunque cada vez son más –y extraña que no sean más aún– los gritos contra la situación y la gestión gubernamental de la misma. La austeridad se impone más por necesidad que por convicción y se aplica de forma muy desigual: mientras se recorta a diario en perjuicio de la educación o de la sanidad públicas, seguimos viendo que se mantienen algunos privilegios de nuestros dirigentes municipales, autonómicos y estatales. Tampoco se adoptan medidas eficaces ni se combate abiertamente la corrupción: los políticos suelen contestar “y tú más” cada vez que alguien de su partido es imputado por un caso de corrupción, en lugar de personarse rápidamente en los tribunales para colaborar con la justicia y aclarar el embrollo, dando pie, en tanto esto no se hace, a que malpensemos que detrás de los casos individuales hay una connivencia o un beneficio conjunto de estas prácticas corruptas. ¿Cómo se explica el tratamiento que el PP ha dado a Bárcenas o a Sepúlveda? Cualquier trabajador querría que en lugar de aplicarle las negativas condiciones que permiten los EREs –¡uy, qué nombre!– de la última reforma laboral –no la de los famosos de Andalucía, al parecer bastante rentables para algunos, en los que está enfangado el PSOE sin dar explicaciones claras– se les tratase cómo a estos dos dirigentes del PP. Hasta tal punto que algunos pensamos que el PP es el empresario más generoso de España y el verdadero partido obrero español, aunque no socialista, pues es el que mejor trata a los trabajadores, por lo menos a los suyos: da cobijo a alcaldes desvalidos que han tenido que dimitir al ser acusados de recibir regalos y comisiones de tramas corruptas –en perjuicio, quede claro, de la buena gestión del dinero público y también aparentemente de los propios intereses de su partido– o, por cuestiones parecidas, mantiene despacho, secretaria y chófer a un ex-tesorero y ex-senador con el que ha negociado un “despido diferido”, según explicación que una abogada del Estado hace de esta curiosa y, hasta la fecha, desconocida figura del derecho laboral, lo que se traduce en una sustanciosa indemnización a plazos, el mantenimiento de los referidos despacho, secretaria y chófer, al tiempo que le siguen pagando las cuotas de la seguridad social. ¡Cuántos parados españoles quisieran un trato así de sus empresas!

Mirando el plantel de caras visibles de la mayoría de los partidos y de muchas instituciones, da la impresión de que don Joaquín Costa, autor al que no le tengo especial afecto, tenía razón cuando decía que en España se ha producido tradicionalmente una “selección inversa”, es decir, se ha preferido siempre a los peores frente a los mejores para no hacer sombra a jefes mediocres. Tema interesante que no afecta sólo a la política, pero que dejamos aquí meramente apuntado para tratarlo otro día si hay ocasión ¿Aprenderemos de la crisis?