Desprecio al Parlamento

José Blanco, ex Ministro de Fomento, ex Portavoz del Gobierno, ex Vicesecretario General del PSOE y ex Secretario de Organización de este partido, ha sido imputado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Hay quien pide su dimisión, ante lo cual Blanco y el PSOE se han apresurado a aclarar que, si en este momento fuese ministro o si continuase ostentando responsabilidades orgánicas dentro del partido, por supuesto que dimitiría. Pero que no en su condición actual. En su caso, si al final de la instrucción se determinase la apertura de juicio oral, afirma José Blanco que sí presentaría su renuncia como parlamentario.

Oriol Pujol ha sido imputado por el delito de tráfico de influencias. Pujol ha dimitido como Secretario General de Convergència Democràtica de Catalunya e incluso como presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament (bueno, en realidad, nos ha regalado la fina y delicada figura de la “delegación de funciones”), pero no piensa abandonar su condición de diputado representante de los catalanes.

Estos dos episodios, ocurridos con tan solo unos días de diferencia, revelan una común actitud de profundo rechazo al valor y al significado de la institución parlamentaria. El mensaje que se envía es el de que sí que tiene importancia formar parte de un gobierno, pero no tanta el ser miembro de un parlamento. El mensaje es que hasta formar parte de los órganos de dirección de un determinado partido político es algo de más peso que el hecho de ser diputado. “Dejo todo lo importante, pero esta fruslería de representar a los ciudadanos la voy a conservar; algún pasatiempo me dejaréis tener…”.

No se trata de determinar en qué momento un cargo político debe dimitir: si al ser imputado, si al ser condenado o cuándo; ese es otro debate. La cuestión es que, en los dos ejemplos citados, los implicados consideran que existen o podrían existir razones para la dimisión, pero salvan de la quema el escaño mullido por sus augustas nalgas. Y, con esa actitud, rebajan la importancia de la función del parlamentario. Intuyo que tampoco se trata únicamente de conservar la posibilidad de acogerse a las prerrogativas de diputados y senadores, algo que, a pesar de lo que buena parte de la opinión pública en ocasiones sostiene, está lejos de suponer siempre una clara situación de privilegio. Hasta la costa llegan las aguas agitadas por una mar de fondo que trae el mensaje de que los parlamentos son poco menos que instituciones decorativas, instancias de trámite para alcanzar los verdaderos centros de poder, teatros sin público y con actores que han olvidado el texto de la función. Y así es en buena medida, debido a una combinación de un proceso histórico de reforzamiento de los ejecutivos que tiene casi un siglo ya de vida y de la dificultad de dar una solución satisfactoria a la cuestión del encaje de los grupos parlamentarios, en tanto que extensión de los partidos políticos dentro de las cámaras. A ello contribuyen también en no poca medida decisiones como aquella paternalista y mendaz de no querer celebrar el Debate sobre el Estado de la Nación del pasado año o las de hacer del Congreso de los Diputados una sucursal del Gobierno destinada a la convalidación de Decretos-leyes que por otra parte tampoco cumplen con la exigencia constitucional de la “extraordinaria y urgente necesidad”.

Ha llegado el momento –dadas las actuales circunstancias– de comenzar a recuperar la dignidad del parlamento, la que debiera ser su posición central en la vida política, partiendo del modo de elección de sus miembros y de las funciones que el ordenamiento jurídico reserva a la institución. De la mano de las legítimas críticas ciudadanas por las deficiencias en materia de representatividad debe ir el desiderátum de hacer verdaderamente del parlamento el lugar esencial que debiera ser.