Viernes 29 de marzo de 2013
Rebajar las tensiones políticas y tratar de llegar a acuerdos es una actitud razonable y prudente. En general, pero no siempre. Hay asuntos que en los no se debe mostrar el menor atisbo de debilidad, sino, por lo contrario, manifestar una posición rotunda y firme. Uno de esos asuntos es, sin duda, el principio de soberanía nacional, al que el desafío soberanista de la Generalidad y su presidente, Artur Mas, ha plantado cara, empeñándose contra viento y marea en avanzar hacia una secesión. Una secesión unilateral decidida por una parte contra la mayoría. Frente a un reto de este calibre no caben componendas ni medias tintas. Parecía que el Gobierno, tras titubeos iniciales, se había encaminado por la senda correcta cuando dijo que recurriría ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía de Cataluña emitida por el Parlamento catalán.
Pero, ahora, no se entiende que Mariano Rajoy haya recibido en Moncloa a Artur Mas, y mucho menos en una reunión secreta y por sorpresa, que finalmente ha trascendido, según parece, de la mano de la Generalidad, lo que no es un dato baladí. En dicho encuentro hubo compromisos en el terreno financiero, en el mismo sentido que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace unos días señalando que habría flexibilidad con las Comunidades Autónomas que han incumplido el objetivo de déficit. Curiosamente, Cataluña se encuentra entre ellas.
Pese a que, manifiestamente, Rajoy tiende la mano a Artur Mas, CiU calificó de “agridulce” el resultado de la reunión y dejó muy claro que no renunciaba a su hoja de ruta, es decir, al proyecto secesionista. Rajoy se equivoca de táctica al no hacer frente con claridad y de una vez por todas al reto soberanista, empezando por desmontar el supuesto “argumento” de la Generalidad para avalar el secesionismo, apoyado en el derecho a decidir. Por supuesto que hay derecho a decidir. Pero es un derecho de todos los ciudadanos españoles y no solo de una parte de ellos. No debe caber la menor duda de que la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos, no en una parte. El derecho a decidir, de esa manera unilateral en la que lo concibe Artur Mas, es un ataque a la democracia y la Constitución. Es preciso terminar con esa cierta sensación de miedo a enfrentarse a la cuestión con la contundencia que exige lo que está en juego. Quizá no estaría de más que Gobierno y oposición plantearan una proposición no de ley sobre el derecho a decidir: el derecho a decidir de todos los españoles sobre algo que evidentemente les concierne a todos como es el intento de una parte de España de desgajarse del resto. Es más urgente enfrentarse al órdago soberanista que reunirse en secreto con el señor Mas para darle árnica a él y a las ruinosas finanzas de la Comunidad que preside, en lo que, por otra parte, no deja de suponer una devaluación de la Ley de Estabilidad por beneficiar a Cataluña.
Artur Mas llora por las esquinas explotando el victimismo de que se les arrebata lo que es suyo y por eso sus arcas están vacías. ¿No será más cierto que su pertinaz delirio secesionista es el realmente les arrastra al despilfarro y la quiebra, empleando millonarias cantidades en el propósito de poner en pie un Estado propio?
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