Acosan a algunos, perdemos todos

Hace unos años me topé en la calle con un lance penoso. La Policía empujaba sin miramientos, y en algún caso literalmente arrastraba, a un grupo no muy grande de personas que protestaban a la puerta de una clínica especializada en abortos. Tal vez los agentes se empleaban con dureza innecesaria para despejar el acceso, porque la mayoría de quienes protestaban eran mujeres o muy jóvenes o ya de edad que poca resistencia física podrían oponer, pero ni por un momento cabía dudar de que la Policía hacía lo que tenía que hacer. Nada justificaba aquella especie de sitio a un establecimiento privado, abierto y funcionando según la ley (y si no fuese así están los jueces para ponerle coto) Pensé que, dentro de sus diferencias, la táctica se asemejaba algo a la que entonces empezaban a usar los camorristas de Batasuna con algunos colegas míos en el País Vasco y Navarra, cercando sus despachos, asaltando sus clases, rodeándoles en los pasillos o llenándolos con sus fotos acompañadas de vejaciones y amenazas. Cosas parecidas se estaban haciendo con parlamentarios autonómicos y concejales, casi todos del Partido Popular, en varios casos concentrándose ante sus casas y señalándolas de forma ofensiva e intimidatoria. No recuerdo que entonces interviniese la Policía con la firmeza que ví frente a las antiabortistas. Por tener memoria de aquello no me han sorprendido, como a tantos parece haberles ocurrido, los episodios de acoso a parlamentarios en sus domicilios a que se ha entregado uno de esos grupos decididos a arreglar el mundo a la medida de sus simplificaciones y para quienes su indignación moral justifica saltar sobre cualquier consideración y límite.

Esta modalidad de matonismo tumultuario es sólo relativamente nueva y su empleo patente exclusiva de la izquierda. El perfeccionamiento técnico es mérito del castrismo, como tantas otras cosas para hollar la liberad y la dignidad. Sus esbirros llevan años instigando de este modo en la isla a quienes tienen el coraje de oponerse a la dictadura, y sus secuaces por el mundo han empezado a hacerlo allá donde aparece un disidente para contar lo que es aquel gulag isleño, como acaba de ocurrirle a Yoani Sánchez en varios países y a representantes de las Damas de Blanco en Madrid. Además de su variante peronista estos días recordada, estos hostigamientos vienen teniendo también cierto uso en los Estados Unidos. Victima de ellos fueron en su momento responsables bancarios frente a cuyas casas se desplegaban miembros de organizaciones radicales exigiendo la concesión de préstamos hipotecarios a solicitantes sin garantías, pretendiendo que la denegación era discriminatoria y habitualmente racista. Aunque no haya sido la única ni principal causa, aquellas persecuciones alimentaron la basura hipotecaria que luego se ha esparcido por el mundo. También los sindicatos de aquel país se han valido de esas acciones para amenazar a directivos de empresas y políticos, por ejemplo últimamente al gobernador de Wisconsin, que tanto éxito ha tenido doblando el brazo del abuso a las uniones de funcionarios.

Los asaltadores apandillados que hacen estas cosas unen a la intrusión la desfachatez al aducir que su intención es “dialogar” con los asediados, por supuesto pacíficamente, para que hagan lo que sin coacción no querrían hacer. Igual que cuando los manijeros de Capone visitaban por primera vez a sus víctimas, el único mensaje es el de la intimidación y la amenaza. Porque lo que hacen no es otra cosa que una agresión, a los señalados y a sus familias. Un acto violento desde la fuerza de la masa, mal encubierto soslayando la agresión física directa pero no menos cierto ni lacerante. En algún sitio del código penal debe haber algo sobre la dimensión delictiva de la coacción y la amenaza pero probablemente nadie querrá buscarlo. Los primeros, los partidos. Los de izquierda porque en ellos no se fijan, de momento, y porque su vocación de retorcer el significado de la realidad es invencible. El de centro-derecha, porque su voluntad de no verla es ya parte de su naturaleza, y se prefiere amarillo las veces que haga falta antes que alguna colorado. Probablemente los responsables de unos y otros no calibran lo que está en juego cuando se coacciona a un diputado impunemente.

En los orígenes de la política representativa en la Europa continental, allá por los confusos días de la Revolución francesa, se libró una pugna terrible para decidir si el diputado era libre para actuar según su criterio o estaba sometido a las preferencias de quienes en cada momento dijeran ser “el pueblo”. La cámara era con frecuencia asediada y asaltada por las bandas extremistas de sans-culottes que, pica en mano y con la guillotina siempre en la boca, explicaban persuasivamente a los parlamentarios lo que tenían que hacer. Como ese estado de cosas acabó en Napoleón y en el descrédito durante décadas del régimen representativo, desde que esos sistemas se asentaron fueron cuidadosos en garantizar la autonomía y la libertad personal de los diputados. Una forma de neutralizar el poder de las minorías radicales y garantizar la libertad de todos. Por eso desasosiega que esas salvaguardias se erosionen tan fácilmente a empujes del nuevo sans-culottismo.