Un catalanista y padre de la Constitución defenderá a la Infanta

Amistad personal y una enorme reputación profesional. Esos son los motivos que se han ido señalando a lo largo del día para explicar la elección de Miguel Roca fundamentalmente por parte del Rey como abogado de su hija en el “caso Nóos”. Uno de los mejores letrados que hay en España en derecho mercantil y que además, según las fuentes consultadas, tiene el gran apoyo de otro gran colega profesional especializado en el derecho penal, Jesús María Silva.

Especialidades aparte, los analistas políticos consultados por este diario subrayan “la inteligencia de haber elegido a Roca como abogado de la Infanta. Una figura que ha sido padre de la Constitución española y que siempre ha tenido el catalanismo, que no el independentismo, como bandera”. En definitiva, una figura respetada y más que valorada no sólo en los círculos políticos de Madrid sino también en los de Barcelona.

Dicho esto, señalan las mismas fuentes, “parece que Don Juan Carlos va a echar el resto en este caso, porque ya no se trata de evitar que su hija se vea sometida a un proceso penal, sino que está en juego algo más, que es la estabilidad institucional de España”.

En este sentido, afirman los mismos medios, “los movimientos telúricos empiezan a sentirse, como se ha empezado a demostrar desde el PSOE, cuando este viernes sus Juventudes Socialista se ha pronunciado ya abiertamente por la proclamación de la tercera república”.

Mientras, el fiscal del “caso Nóos”, Pedro Horrach, ha presentado este viernes su recurso contra la decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Doña Cristina. Recurso que ha motivado que el magistrado haya decidido aplazar la comparecencia de la hija del Rey, prevista para el próximo día 27, hasta que se resuelva el mismo. En este sentido, señalan los analistas consultados por este diario, el recurso de la Fiscalía hace hincapié en que el juez Castro ha utilizado los mismos argumentos que desechó en su momento para actuar contra la Infanta Cristina. Si en su momento, el magistrado encargado de esta causa consideró que la hija del Rey no tenía ninguna relación en los negocios de su esposo, Iñaki Urdangarín, la pregunta, según las fuentes consultadas, es “¿Por qué ahora esos mismos argumentos sirven ahora para imputarla ?”.

Dentro de todo este ambiente, la Casa del Rey ha asumido este viernes su implicación dentro de la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno. Una de las mayores exigencias que desde partidos de la izquierda, empezando por Izquierda Unida y terminando por el PSOE, se le viene haciendo a Zarzuela. Analistas políticos consultados por este diario subrayan que dentro de esta Ley de Transparencia se pretende transmitir a la ciudadanía, la Casa del Rey “ Ha estado en primera línea,.
Las mismas fuentes se preguntan “ ¿Dónde está la Ley de Transparencia ¿”
La misma Ley de Transparencia que se exige a la Familia Real, parece que no funcionan con otros casos que afectan a los partidos políticos. Llámense casos Bárcenas, ERES Andalucía…