Crisis institucional y social

El panorama sociopolítico es preocupante. No quiero decir desolador porque pienso que la democracia española (todavía joven) tiene pilares suficientemente firmes para aguantar las ventoleras de la crisis económica, de la crisis social y de la crisis institucional que sufrimos. Nos hace falta valorar de forma ecuánime los aspectos positivos de nuestra sociedad, incluyendo la política, para distinguirlos bien de todo lo negativo que se presenta ante nuestros ojos, pero hacia cualquier sitio que miremos encontramos datos tremendos que nos reafirman en nuestra preocupación: los representantes políticos, elegidos para gestionar la res publica, son muy mal valorados por los ciudadanos, que los consideran el tercer problema del país por detrás de la crisis económica y del paro; los dos grandes partidos se derrumban en las encuestas y según los últimos estudios ni siquiera sumarían el 50% de los votos; la monarquía, hasta fechas recientes muy bien considerada, ha caído en picado tras los escándalos judiciales de Urdangarin y de que hayan salido a la luz aspectos controvertidos de la vida privada del rey; el Tribunal Constitucional ha sido puesto en cuestión por los catalanistas tras su sentencia sobre el Estatut, descrédito –injustificado en mi opinión en este caso– que se suma a la politización del mismo, que afecta también al Supremo, a otras instancias judiciales y al Consejo General del Poder Judicial; los partidos catalanistas han abierto un proceso independentista de consecuencias imprevisibles; ninguno de los miembros del Gobierno es aprobado por los ciudadanos en las encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas, como la inmensa mayoría de líderes políticos; un día sí otro también nos enteramos por la prensa de grandes fraudes fiscales y de casos de corrupción que afectan a representantes públicos en ayuntamientos, comunidades autónomas, administración general del Estado, partidos políticos, las antiguas cajas de ahorro, etc., etc., etc.

Lo peor del contexto es que ni el Gobierno ni la oposición parecen estar en condiciones de presentar un programa medianamente alentador para salir de la crisis. Empezar a dar solución efectiva a todo lo enumerado sería un progreso, pero lo que hace falta sobre todo es dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos: el paro, la quiebra diaria de empresas y el cierre de negocios por autónomos, la reducción de ingresos de las familias, los desahucios, las dificultades de muchas personas para hacer frente a gastos sanitarios e incluso para comer... Este fin de semana he leído en la prensa desolado que muchos niños llegan los lunes al colegio con hambre porque muchas familias no pueden alimentarlos bien durante el fin de semana; gracias a ayudas públicas, como en Canarias, pueden comer en el colegio durante la semana, pero en muchas comunidades autónomas estas ayudas están desapareciendo. No me pareció que la noticia se contase de forma dramatizada sino que reflejaba una realidad visible. Sólo hay que pasar a mediodía por los comedores sociales y ver las colas que se forman para recibir algo de comida o ver que cada vez más gente rebusca por las noches en los cubos de basara próximos a los supermercados para conseguir lo que éstos desechan, algo que en España no estábamos acostumbrados a ver y que a mí me impresionó mucho las primeras veces que visité países iberoamericanos. El empeoramiento de la calidad de vida de muchos ciudadanos en nuestro país, como en otros países europeos, está siendo terrible. Una sociedad como la nuestra no se puede permitir que más de un cuarto de la misma esté en paro y que la mitad de los jóvenes no tengan trabajo.

Es evidente que no hay soluciones mágicas, que buena parte de la responsabilidad no está sólo en los políticos sino en el modelo social que entre todos hemos configurado. El shock que provoca comparar la situación actual con el despilfarro, tantas veces absurdo, de años pasados es increíble. Ahora nos estamos haciendo poco a poco conscientes de que el dinero que se malgastaba a espuertas o se evadía a paraísos fiscales tenía que haberse invertido de forma que esta crisis no hubiera alcanzado el nivel al que estamos llegando. Los estados tenían que haber actuado entonces como catalizadores que derivasen las inversiones hacia lo que venimos en llamar una sociedad del conocimiento y haber perseguido el fraude fiscal eficazmente.

El desmantelamiento del Estado del bienestar que estamos sufriendo en España y en otros países está alcanzando una gravedad notable, que afecta especialmente a los más desfavorecidos. El consenso de la postguerra mundial que permitió su desarrollo se está rompiendo y las consecuencias son imprevisibles. Algunas actuaciones ciudadanas como los llamados escraches o la defensa activa de determinados grupos contra los desahucios recuerdan a los motines de otras épocas, bien que ahora organizados con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, las cuales facilitan una mayor organización que las que tenían los motines, pero hay también mucho, como en ellos, de hartazgo ante la situación. Quedarse en las formas, en las agresivas y criticables formas que emplean, y no entrar en el fondo del asunto, es no enterarse de nada de lo que está pasando en la sociedad. No hay que justificarlas, es más, es positivo criticar estas actuaciones y recordar los derechos y libertades fundamentales de que todos podemos poder disfrutar, incluidos los políticos, pero al mismo tiempo hay que hacer el esfuerzo de entender el fondo del problema, que tiene que ver, en gran medida, también con la quiebra de las formas de representación sindical y de otro tipo de manifestaciones y modos de reivindicación.

Recuerdo que cuando inicié la carrera de Ciencias Políticas eran los años de mayor fuerza del thatcherismo y de las políticas homónimas de Ronald Reagan. Su neoliberalismo y su conservadurismo social tienen mucho que ver con la crisis que ahora estamos sufriendo, tanto desde el punto de vista económico como social. Es bueno recordarlo con motivo de la muerte de la gran líder conservadora británica. Se empezó a hablar entonces de desmantelar el Estado del bienestar, y Thatcher lo hizo en Gran Bretaña con bastante afán. Tenía yo entonces, finales de los ochenta y principios de los noventa, las mismas convicciones socialdemócratas que ahora –siempre he sido parco en radicalismos– y quería escribir una tesis doctoral sobre lo que llamaba “el Estado del mejorestar”, porque pensaba que frente a las ideas de Thatcher lo que había que hacer era conseguir un Estado del bienestar sostenible que, corrigiendo los excesos a que se había llegado, garantizase una verdadera igualdad, la cual fuese el fundamento de los pilares de las democracias liberales en las que vivimos. Por casualidades de la vida –no me convenció el doctorado de Gobierno y Administración Pública de mi Facultad–, orienté finalmente mi tesis hacia cuestiones de pensamiento político y acabé escribiendo una biografía de José Ortega y Gasset, en parte porque veía en él un intelectual prototipo de la crisis del liberalismo y de la defensa de políticas sociales, lo que en aquellos años de principios del siglo XX se llamaba un socialismo liberal o un liberalismo social o renovado, en función de donde pusiese uno el acento.

Viene al caso lo que les cuento porque viendo el panorama sociopolítico, en el que la distancia entre las instituciones públicas y los ciudadanos se va ensanchando cada día, me acuerdo mucho de dos grandes artículos de Ortega, claves en la crisis del régimen de la Restauración, que desembocó primero en la dictadura de Miguel Primo de Rivera y después en la Segunda República. El primero de los artículos, publicado en el verano de 1917, que iba a ser especialmente conflictivo, se tituló “Bajo el arco en ruina”. El título era descriptivo de cómo veía Ortega la situación de la política española debido a la descomposición de los grandes partidos. Pedía en él Cortes constituyentes que fuesen el embrión de un régimen más democrático y social, sin renunciar a los fundamentos del liberalismo político. Le valió la ruptura con su “casa solariega”, El Imparcial, del que estas páginas internautas en las que escribo son herederas. El segundo artículo es el aún más famoso “El error Berenguer”, publicado en noviembre de 1930, y en el que por segunda vez en pocos días Ortega apostaba por la República frente a una monarquía decadente que no había hecho otra cosa que “especular sobre los vicios españoles” y “aprovecharlos para su exclusiva comodidad”. Es muy conocido el final del artículo: decía Ortega que ante la pasividad del Gobierno eran ellos, “gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes ten[ían] que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia”.

A veces pienso que estamos bajo el arco en ruina... Y si no empezamos a apuntalarlo y a reconstruir la casa vamos a llegar no tardando mucho al Delenda est Monarchia, y con ella –quizá lo menos preocupante– se derrumben también algunos aspectos positivos de nuestra vida política que conviene valorar y conservar