Portugal, piedra de toque

El gobierno portugués está en una encrucijada. Tiene que reducir el déficit público por varias razones. En primer lugar, porque lo necesita su economía. En segundo lugar, porque es un socio del club del euro y la fortaleza de la moneda común necesita que todas las economías reconduzcan sus cuentas públicas. En un tercer lugar, Portugal debe hacerlo porque se ha comprometido a ello y se lo han ordenado las instituciones europeas. Y, por fin, porque si no cumple con lo acordado dejará de recibir el dinero que necesita para susistir.

Todo ello queda claro. La cuestión es que se produce un conflicto que puede tener repercusiones más allá de nuestro país vecino. La Comisión Europea y, en última instancia, el Consejo Europeo, dentro de la maquinaria que se ha llamado semestre europeo, indican a cada país de la UE un conjunto de medidas de obligado cumplimiento. Por otro lado, sobre Portugal, España y otros países, se suman otras medidas que entran dentro de lo que se llama procedimiento por déficit excesivo. Una parte de esas medidas, referidas a la remuneración de los funcionarios públicos, han sido consideradas anticonstitucionales por el máximo tribunal luso. La poderosa maquinaria europea se topa con los últimos valladares de la soberanía nacional, alojados en los órganos que interpretan las constituciones nacionales.

El fallo del constitucional portugués resulta chocante. Considera discriminatorio que el gobierno haya privado a los empleados públicos de una paga extraordinaria. En principio, si una medida cae por completo dentro del ámbito de decisión de un gobierno, es la de la remuneración de sus empleados. Y si la forma de eliminar una paga extraordinaria se considera inadecuada, el Gobierno podría reducir la remuneración por otras vías. Finalmente recurrirá a otras medidas para alcanzar el mismo objetivo de ajuste fiscal.

Más allá de los pormenores de política económica, este asunto apunta a una cuestión de fuero de la mayor importancia. El euro ha obligado a Bruselas a adquirir un mayor poder, con el cual poner coto a los desmanes fiscales de los socios del euro. Ese poder se obtiene a costa de los Estados miembros. Pero los perfiles del reparto del poder no están definidos, y hay un espacio de posible enfrentamiento entre las instituciones comunitarias y los gobiernos, cuyo resultado todavía no se puede adelantar. Pero la democracia, la integración económica y el proyecto europeo dependen de la solución que se le acabe dando.