Viernes 12 de abril de 2013
Una vez más, CIU vuelve a hacer un ejercicio de insumisión jurídica, negándose a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -TSJC- por la que se reconoce el derecho de los niños de aquella comunidad a ser escolarizados en castellano. Lo peor de semejante desatino es que, por prolongado en el tiempo parece que nos hemos acostumbrado a ello, cuando no debería de ser así.
En ningún país del mundo se ponen trabas para que se estudie su lengua oficial; sólo en España. Además, en el caso de Cataluña son los propios padres y no los tribunales quines tienen que hacer valer sus derechos, reclamando por escrito el castellano. Lógicamente, habrá familias que no querrán complicarse hasta este extremo, optando por el mal menor de hacer ellos en sus casas lo que la Generalidad les niega.
Es la Generalidad quien incumple sistemáticamente la ley, vulnerando el derecho constitucional que asiste a los padres que quieren que sus hijos reciban clase en castellano. También lo hace obviando una resolución judicial cuando no es de su agrado, por recurrible que ésta sea. La ejemplaridad que debe primar en una administración pública a la hora del acatamiento normativo queda aquí por los suelos. Y eso es tan vergonzoso como que el PSC apoye semejante ataque a la seguridad jurídica de todo un país.
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