España e Italia: ¿problemas de familia?

España e Italia representan ese sufriente sur de la Unión Europea: desde Chipre (ahora también Eslovenia) hasta Portugal, una Europa antigua, greco-romana y reluctante al ascetismo protestante comparte una crisis y, resignadamente, las soluciones que le imponen sus socios del norte europeo. Italia y España -a la espera de la evolución de Francia- son los problemas mayores de ese conjunto.

Italia tiene un problema de estabilidad gubernamental; no es el de España.

Pier Luigi Bersani, el candidato del Partido Democrático (la izquierda italiana), no es capaz de formar gobierno. Con Berlusconi, a pesar de que ofrece sus votos con gestos teatrales y simulando patriotismo, Bersani no puede pactar un gobierno con él bajo ningún concepto; pactaría con el conglomerado de ácratas, radicales de izquierda y fascistas sociales del cómico Beppe Grillo pero éste, llevado de su demagogia pura y dura, le ha dicho que de ninguna manera; Beppe Grillo insulta a Pier Luigi Bersani metiéndolo en mismo saco, repleto de políticos -de “políticos” a secas- es decir, Berlusconi, Bersani, Monti, y hasta el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Él, Grillo, no es político; no se presentó a las elecciones; no es violento, pero usa la fuerza.

La situación italiana difiere bastante de la nuestra. Los problemas actuales de estabilidad gubernamental no son debidos allí a sus actuales leyes electorales, de mala calidad democrática, impuestas por Berlusconi cuando tuvo mayoría -y mala idea- para aprobarlas. Con unas leyes perfectas, Italia estaría en las mismas. El artículo 55 de la Constitución Italiana, al establecer el mismo poder para la Cámara de Diputados que para el Senado, condena a los Gobiernos a depender de votaciones en una y otra Cámara, que normalmente tienen mayorías distintas. Resultado: la estabilidad de los gobiernos apenas se da. El sistema estaba pensado para dificultar un hipotético gobierno comunista, y, al mismo tiempo, permitía que la democracia cristiana mantuviese siempre el poder, aunque con un desfile de gobiernos presididos por democristianos de quita y pon.

El sistema estuvo a punto de cambiarse cuando el socialista Bettino Craxi gobernó Italia con una estabilidad sin precedentes. Coincidió con los años terminales del comunismo soviético, y ese hecho encendió todas las alarmas -por motivos opuestos- a sus competidores: los comunistas y los democristianos. La corrupción terminó con Craxi, pero sus efectos acabarían también con los demás partidos políticos del sistema italiano.

Creyeron que con cambiar las leyes electorales (¡dejaron de ser proporcionales!) se resolvían todos los defectos. Aparecieron nuevos partidos: el de Berlusconi; el secesionista “Liga Norte”; y los herederos de los comunistas, que últimamente se llama:¡Partito Democratico!

Los defectos aumentaron. Desde la corrupción de los partidos políticos, hasta la endémica inestabilidad gubernamental (que afecta más a la izquierda que a Berlusconi). Las propuestas de reformar la Constitución para dar coherencia al modelo político italiano -que es un clamor entre los expertos (por ejemplo Giovanni Sartori en un libro de ¡1992!)- se estrellan ante unos partidos en lucha permanente.

¿A que suena muy cercano? Aquí en España, algunos defienden reformar las leyes electorales, sin tener en cuenta dos cosas (que tampoco tuvieron en cuenta los italianos): necesidad de un acuerdo para reformar el sistema electoral, y en coherencia con esa reforma, llevarla a cabo con la Constitución en lo que fuese necesario.

Italia y España están afectadas por las noticias de corrupción en su sistema político. El CIS publicaba su encuesta de primavera en la que el paro era la principal preocupación de los españoles. Casi el 82 por ciento de los ciudadanos lo sitúan en primer lugar. La corrupción es ya el segundo motivo de preocupación, creciendo espectacularmente el porcentaje de los preocupados por este hecho delictivo.

¿Estamos tan mal en este asunto como lo está Italia? Todas las encuestas serias sobre la corrupción indican que España está mucho mejor que Italia. “Transparency International” (que publica un Indice de Corrupción muy bueno) señala que España está entre el 20 por ciento de los países con menos corrupción del mundo (nos situamos entre Israel y Taiwan). Estamos muy por debajo de Dinamarca, Finlandia, Suecia o Nueva Zelanda, obviamente; pero Italia (entre Ruanda y Cuba) se sitúa mucho peor que España, de una lista de 174 países, que cierran Guinea Ecuatorial, Corea del Norte, Somalia y Afganistán, los más corruptos.

España es un Estado con larga historia. Italia es un Estado reciente, más joven que las Repúblicas americanas. En España la gente no teme ser extorsionada por funcionarios públicos, sean policías, jueces, recaudadores de impuestos, etcétera. Nuestros diputados y senadores hacen su tarea legislativa con limpieza. ¿De dónde precede la preocupación actual? De actividades económicas que dependen de decisiones políticas, en vez de estar reguladas -sí, reguladas- por normas que favorezcan la economía de mercado, con oferta y demanda libre. Nuestro problema con la corrupción procede fundamentalmente de las leyes del suelo, unas normas que siguen contemplando esa propiedad como hace 70 años (entonces con ideologías intervencionistas en los Estados corporativos de Italia y España).