¿Un punto de seny en CIU?

El consejero de Justicia de la Generalidad, Germà Gordó, manifestaba ayer públicamente sus dudas sobre llevar a cabo la consulta secesionista en las actuales circunstancias, ya que ésta “sólo será posible si hay un acuerdo con el Estado”. Añadía, además que dicha consulta no tiene porqué llevarse a cabo en 2014, y que “no hace falta que vayamos nerviosos y acelerados”. Por primera vez en mucho tiempo, alguien de CIU hace un ejercicio de sensatez y responsabilidad. Y el hecho de que sea alguien tan relevante como el consejero de Justicia de la Generalidad le confiere aún más importancia.

CIU sabe que está rebasando una de las líneas rojas puestas por Esquerra para seguir contando con su apoyo. Un cierto sector de Convergencia -y la gran mayoría de Unió- no está cómodo con Esquerra. Comparten un fin común, cual es la secesión, aunque en otros ámbitos las diferencias son más que sustanciales. Últimamente, Artur Mas parece haber hecho suya la estrategia radical de “echarse al monte” con el órdago secesionista como único punto en su agenda política. Sus últimos contactos tanto con Rajoy como con Rubalcaba, así como el sentir del empresariado catalán, le han hecho la soledad en la que puede verse si decide seguir adelante.

Y si esto fuera así, Mas sabe que lleva las de perder. El artículo 1.2 de la Constitución es claro a este respecto: “La soberanía nacional reside en el pueblo español”. No en una parte, sino en todo su conjunto. Una Constitución que, a tenor de su artículo 2, “se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española”. Derecho a decidir sí, pero de todos, pues a todos atañe, y no sólo a unos pocos. Si el PSOE presentase una proposición no de ley en este sentido, es muy probable que obtuviese los votos de PP y UPyD; o lo que es lo mismo, casi 330 de los 350 diputados. Eso supondría un duro revés para la política nacionalista de permanente desafío y deformación de la realidad, en la medida que los nacionalistas presentan al resto como anti-demócratas opuestos al derecho a decidir. Y no es cierto. Nadie –o muy pocos- cuestionan el derecho a decidir. Lo que se cuestiona no es tanto el qué como el quiénes. En definitiva, se discute el sujeto de soberanía y el que la parte decida sobre el todo. Una proposición no de ley de esa naturaleza, además de aclarar este punto, de paso, tendería un puente más que necesario entre las dos principales fuerzas políticas nacionales, cada vez más carentes de espacios comunes. Y este podría ser uno de ellos.