La reforma judicial argentina, a juicio popular

Tras 21 largas horas y rodeada por miles de manifestantes, la Cámara de los Diputados de Argentina sacó adelante la polémica reforma Judicial. La misma que en las últimas semanas ha impulsado con insistencia el Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández, con el fin de “democratizar” la Justicia de ese país, a través de medidas como la ampliación de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano de designación y remoción de jueces en la nación suramericana, y así como que su nuevos integrantes sean elegidos por voto popular.

Un gesto que ha despertado los temores de la oposición y la inquietud de una sociedad que en los últimos días no ha dejado de manifestar su descontento por la gestión de la mandataria, a quien acusan de “polizar” descaradamente el Poder Judicial, y poner en riesgo su independencia.

Incluso el Papa Francisco, conocido por sus desencuentros con Fernández, ha expresado su preocupación por este último movimiento de un Ejecutivo que se ha dedicado más al populismo que a atender los problemas del país; que no son pocos y que parecen pasar “desapercibidos” por la presidenta, que se muestra sorda y ciega ante el juicio popular y el clamor de cacerolas, pancartas y consignas, cada vez más visibles y ruidosas en las calles argentinas. Su autismo ante la coyuntura real que vive el país suramericano, podría costarle muy caro al kirchnerismo de cara a los comicios legislativos del próximo agosto.

Si la mandataria no se ocupa de ejercer las funciones para las cuales fue reelecta para un segundo período, las cuales se traducen en la sola acción de gobernar, la era "K" podría verse más temprano que tarde al filo de un abismo.