Enrique Aguilar | Miércoles 30 de abril de 2008
Para ceñirme al caso argentino, aunque el argumento es desde luego trasladable a otras geografías, me parece un despropósito subsumir las causas de nuestros sucesivos fracasos bajo la mala praxis de los dirigentes. Hay razones más profundas relativas a las costumbres y la mentalidad predominantes (incluidos los hábitos de obediencia) que en definitiva sostienen, dondequiera que sea, un orden político. Es decir, en clave orteguiana, no sólo los “abusos” sino los “usos” de una sociedad en la cual es posible percibir los mismos defectos enquistados en las acciones del gobierno. En nuestro caso, por ejemplo, la cotidiana trasgresión de las normas, el incumplimiento de la palabra y el proceder faccioso que son rasgos visibles en muchos argentinos educados, para peor (como señaló en su momento Mario Paoletti), en el desprecio del adversario y el culto a la personalidad de los gobernantes.
Sin embargo, tampoco es cierto que todo se reduzca a una cuestión cultural. En efecto, salvo contadas excepciones, es evidente que nuestros gobernantes han venido actuando en provecho propio, de espaldas a los ciudadanos, a quienes por su parte, más allá de sus flaquezas, les asiste el derecho de exigirles probidad e idoneidad suficiente para discernir los intereses generales del país (para algo se pensó, después de todo, el régimen representativo).
Es que, como lo expresó Juan José Sebreli en su Crítica de las ideas políticas argentinas, “el grado de responsabilidad es proporcional al poder y a la capacidad de decisión”. En otras palabras, decir que todos somos responsables por lo que nos pasa es lo mismo que decir que ninguno lo es. De esta forma, la culpabilidad ni siquiera se reparte. Directamente se diluye y nadie, con nombre y apellido, termina pagando los platos rotos.
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