Es necesaria la regeneración institucional ya

España se ha reconstituido en varios momentos a lo largo de su quebrada historia, pero quizás el momento estelar en el que fue gestado el proyecto más sugestivo de vida en común, en el sentido de Ortega, fue el Pacto constitucional de 1978. El gran consenso que entonces se articuló, sobre la base de mutuas cesiones y reconocimientos, dejó, durante años, una innegable impronta en nuestra cultura política y, obviamente, produjo un efecto balsámico que ha permitido constituir un Estado democrático, de Derecho y de bienestar y un grado de desarrollo económico-social jamás alcanzado. Como escribió el profesor García de Enterría si el consenso es la base de todos los estados desarrollados el pacto es la expresión de la madurez. Y la madurez del pueblo español en la definición del cambio del sistema político fue tan elevada que nuestro país se convirtió en un referente casi mítico para todos aquellos países necesitados de articular un proceso de transacción para la transición, evitando tanto las puras e incontroladas vías de hecho como la confrontación o el enfrentamiento, que son connaturales a cualquier forma de ruptura.

La conciliación y el compromiso, el pacto profundo y global, en fin, explican el sentido íntimo de una Constitución abierta que fue definida como “un marco de coincidencias suficientemente amplio para que dentro de él quepan todas las opciones políticas”, por supuesto leales con la misma.

Lo que entonces fue posible, o por decirlo en los términos de moda “yes, we can”, y fruto del quehacer conjunto, entregado y generoso de una generación de españoles deseosos de olvidar tantísimas aplicaciones excluyentes, parece haber caído en el olvido más profundo. Como un siempre certero comentarista acaba de escribir, “aunque es cierto que desde la transición han cambiado muchas cosas, no está claro que todas lo hayan hecho para mejor”. Más bien, añadiría yo, han empeorado sensiblemente y todavía desconocemos si se ha tocado fondo en la extraordinariamente difícil situación que estamos viviendo, demasiado alargada en el tiempo y que arrastra de forma transversal a todos los estamentos ciudadanos.

Han pasado treinta y tres años desde la concreción del Pacto Constitucional que, no se olvide, fue contemporáneo con otro, el económico y social, que se bautizó en plural, como Pactos de la Moncloa. Treinta y tres años es el término equivalente a una generación, al menos lo era en los siglos XVIII y XIX cuando vieron la luz las primeras Constituciones, la norteamericana y la francesa. Por entonces el gran Thomas Jefferson aseveró que la siguiente generación no podía sentirse vinculada necesariamente por la Constitución hecha por la anterior generación. Si traducimos a nuestro lenguaje esta afirmación, concluiríamos que una Constitución no tiene por qué perdurar eternamente, sino que el cambio debe penetrar en la misma, pero no por capricho sino por cuanto el traje confeccionado hace 33 años no encaja en nuestro cambiante cuerpo. O dicho de otro modo, porque la Constitución no llega a cumplir la misión que en un momento se estableció.

No es sólo la crisis económica y financiera, no es únicamente la crisis del modelo territorial, no es, en fin, exclusivamente la crisis de los valores de desarrollo personal, de patriotismo o de cohesión. El Estado español, en sí mismo, está en crisis o, si se prefiere, corre grave riesgo de desmantelamiento y colapso, pues la avería afecta a las piezas esenciales de su motor. Y en el Estado no hay institución, de la Corona hasta la última imaginable, que escape del desprestigio, del desgaste e incluso de la desafección. Si los actores políticos no lo entienden y no se remangan para afrontar este reto de subsistencia, el problema trascenderá de una mera crisis económica y ni más ni menos será de viabilidad y de continuidad como nación.

No es ningún demérito, para la que el profesor González-Trevijano llamó “La España constitucional”, reconocer que la Carta Magna debe pasar por el taller mecánico para ajustar o sustituir algunas piezas, y ello en virtud de un “nuevo impulso regeneracionista de patriotismo democrático”, en expresión absolutamente acertada del mejor columnista español, Ignacio Camacho. La única manera responsable de volver a la normalidad democrática es mediante un nuevo ejercicio de responsabilidad colectiva del pueblo español para trazar ese proyecto común de futuro, poniendo al día el que se estatuyó en 1978. Hemos aprendido de los errores e ingenuidades de entonces, de los excesos y debilidades de entonces y, por tanto, estamos en mejores condiciones de alcanzar un pacto que nos permita mirar con optimismo, y sin reproches, el futuro de las nuevas generaciones.