TVE: La televisión ¿pública?

Televisión Española vive momentos negros. Estos días están siendo noticia algunas de las últimas barbaridades perpetradas con el arma del telediario. Son asuntos en los que no me voy a extender porque se comentan por sí solos, dado que la mejor crítica es volver a recordarlos para sonrojo de sus autores: una pieza del informativo público español en la que un especialista sostiene que rezar tiene un efecto psicológico positivo cuando uno está en paro y otra en la que otra especialista (¡faltaría más!) da las claves y las pistas de vestuario para conocer la respuesta a la duda que a buen seguro atenaza a los padres de bien de este país: ¿Irá provocando mi hija? Sí, estamos en 2013; no está equivocado el calendario que tiene junto a su ordenador.

También recientemente la presentadora Ana Blanco –que creo que ha demostrado suficientemente a lo largo de muchos años su profesionalidad e independencia política– se quejaba acerca de la cobertura informativa del debate de la Ley de Costas en el Congreso de los Diputados, debido al silenciamiento de las opiniones críticas.

En los años de democracia, Televisión Española ha sido, en muchas ocasiones, un ejemplo de lo que no debía ser una televisión pública. Gobiernos de distinto signo no han dejado escapar la oportunidad de comerse esa fruta tan jugosa y tan apetecible para quien detenta el poder. El rigor, el pluralismo, la verdad han brillado más de una y dos veces por su ausencia. Sin embargo, debe reconocerse, siendo justos, que el Presidente Rodríguez Zapatero tuvo un especial empeño en dignificar la televisión pública española. Desde luego que no llegó a la calidad deseada ni a la independencia total, pero fueron evidentes las mejoras. El Gobierno de Mariano Rajoy tenía servida en bandeja la posibilidad de seguir por esa línea, pero ha preferido volver a las antiguas andadas, lo cual, si es malo de por sí, es peor hacerlo cuando ya se había iniciado aquella nueva senda. Su decisión de modificar el modo de elección del Presidente y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, pasando de los dos tercios exigidos con anterioridad al voto favorable únicamente de la mayoría absoluta del Congreso, supuso ya toda una declaración de intenciones.

Una televisión pública no debe competir con las mismas armas que los canales privados. Por ello, sobran realities y programas del corazón, que, dicho sea de paso, el Gobierno anterior tampoco tuvo la valentía de eliminar. Y, por ello, faltan también, por ejemplo, programas de debate, que han sido muy disminuidos o colocados a horas imposibles.

A la manipulación y al manejo hay que sumar los recortes en personal. Programas que fueron punteros, como Informe Semanal, dejan hoy que desear. Todo ello acaba dando unos resultados bastante lamentables, que los datos de audiencia no hacen sino poner de manifiesto, con una caída en picado. Fondo y forma en cuanto a calidad coinciden: les propongo que vean cualquier telediario y comprueben cómo no hay uno solo en el que no haya, al menos, un error al dar paso a una información, en la ortografía de los textos o en el nombre y los datos de las personas que intervienen.

Cuando una televisión tiene el calificativo de pública no quiere decir únicamente que sus gastos corren a cuenta de los ciudadanos, sino que debe ejercer un servicio público, proporcionar una información de calidad, respetar los valores constitucionales y ser un reflejo del pluralismo político y social.