Transparencia, sindicatos y CEOE: mal empezamos

Cuando en la portada de un periódico con seis noticias cuatro son sobre corrupción y cuando la ciudadanía habla de los millones de euros robados al erario de la misma forma en la que discuten sobre lo que cuestan los fichajes de pretemporada de su equipo de fútbol es que, efectivamente, España tiene un problema. O dos: con la moral de una parte de la denominada ‘casta’ política y resto de responsables públicos y con la pusilanimidad de los españoles a la hora de hacerle frente.

De esta forma, este uso ilegal del oficio público para el beneficio personal parece importar cada vez menos –que no poco– al pobre ciudadano de a pie, quizá más preocupado porque no le quiten del bolsillo lo poco que le queda que de vigilar lo que roban otros. El descenso de nueve puntos entre las preocupaciones de los españoles, según el CIS, en favor de las omnipresentes ‘situación económica’ y ‘paro’ así lo demuestra y hace bueno el dicho de “¡Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy!”.

Aun así, no se puede pasar por alto que en España se estén juzgando 2.173 causas por corrupción, prevaricación, cohecho o malversación y, aunque el informe del Consejo General del Poder Judicial que así lo explica busca que no se tenga como idea general que los casos de corrupción “mueren en un limbo” y que, por el contrario, acaban en su mayoría en sentencias condenatorias, lo cierto es que sólo sirven para la guerra partidista, entre políticos y la propia ciudadanía, y en los medios de comunicación, que informarán de ellos con más o menos vehemencia, según convenga.

No parece mal, por ello, que la Ley de Transparencia, que dicen que será también de libre acceso a la información pública, y, lo que sería mejor, de buen gobierno, contribuya definitivamente a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar, en palabras de la vicepresidenta, la calidad de nuestra democracia.

Pero mal empezamos si los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE ya están poniendo reparos y límites al control desde una Ley que, protestan, puede coartar su libertad de funcionamiento. Su excusa es que la mayor parte de sus ingresos proceden de aportaciones privadas y que la parte vía Presupuestos es muy pequeña. No tienen ninguna discrepancia en que se fiscalicen los fondos públicos que perciben, pero sobre sus sueldos… ¿qué problema tendrán en que todos sepamos lo que ganan los dirigentes de los “indispensables” agentes sociales, partes –dicen– importantes en toda negociación laboral que se haga en este país?

Y digo yo: ¿Con qué fuerza moral pueden después los agentes sociales pedir cuentas a los partidos políticos sobre financiación y sueldos si ellos tampoco están dispuestos a dar todas las explicaciones? ¿Qué problema hay en que se sepa cuánto aportan los afiliados? ¿Obligará esto a cambiar el texto de una ley que todavía no es definitiva? ¿Podrían partidos políticos, Monarquía e Iglesia decir lo mismo?

El texto de la norma, en su exposición de motivos, recuerda que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa”.

Dos retos difíciles de cumplir: que los responsables de gestionar los dineros de todos cumplan con el espíritu y la letra de la ley y que todos los demás nos involucremos en que así sea. Pero, como se suele decir, probablemente de forma conformista, “España es así”. Todo sea que funcione de verdad y que hecha la ley, cuando sea definitiva, no se haga la trampa. Estaríamos en las mismas.