Los sindicatos y la Ley de Transparencia

Rodolfo Benito, en nombre de CCOO, y Frederic Monell, en el de UGT, comparecían ayer en la Comisión Constitucional del Congreso a propósito de la Ley de Transparencia. De sus declaraciones posteriores cabe inferir que tienen algo que ocultar pues alertaron que dicha ley podría suponer “una injerencia del Estado” en el funcionamiento de sus organizaciones, al tiempo que mostraban su temor por el menoscabo de “la libertad sindical” y su “autonomía organizativa”. Añadía Benito que ellos deben estar un peldaño por debajo de la transparencia exigida a otros organismos ya que “no son administración pública”.

Sin embargo, reciben cuantiosos fondos públicos. Público es también al carácter de los cursos de formación que gestionan -una auténtica bicoca-, de un modo bastante opaco. También es un secreto de estado el número de liberados sindicales; casi tanto como el porcentaje exacto de financiación por parte de las cuotas de sus afiliados. Hasta ahora, los sindicatos se han negado sistemáticamente a ofrecer una información a cuyo conocimiento tienen derecho todos los ciudadanos que pagan impuestos. Si quieren seguir contando con financiación pública, que sea con luz y taquígrafos. Caso contrario, que dependan únicamente de las cuotas de sus afiliados.