Lunes 10 de junio de 2013
El presidente del Senado, Pío García-Escudero, tiene dos poderosas razones para presentar su dimisión. La primera de ellas, no haber declarado en el Impuesto de Patrimonio los 24.000 euros que le dejó el PP para rehabilitar su casa tras un atentado de ETA. La segunda, y no menos importante, aducir que lo hizo porque pensó “que no había que declarar el préstamo”.
No es corrupción, ni hay enriquecimiento ilícito ni nada similar, pero tampoco resulta aceptable. Más allá de la ejemplaridad que debe exigírsele a todo cargo público -y que aquí, nuevamente, vuelve a brillar por su ausencia-, Pío García-Escudero forma parte del poder legislativo. El cometido de dicho poder es de elaborar las normas que todos debemos cumplir. De ahí la gravedad que entraña el hecho de que uno de sus miembros afirme desconocer un precepto tributario tan importante; y más en estos tiempos.
Dice el artículo 6.1 del Código Civil que “la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento”. Dicho artículo es también de aplicación al Presidente del Senado. En cualquier otro país, la dimisión no se habría hecho esperar.