La obsesión totalitaria

Llegar a la comprensión de que para una mejor convivencia es necesario reconocer unos derechos inalienables y unas libertades fundamentales a toda persona de forma independiente de su condición social, sexual, racial, religiosa, territorial, o cualquier otra distinción adjetiva respecto a su valor como persona es un nivel histórico que suele atribuirse con razón a la filosofía liberal e ilustrada. Don Antonio Machado, en su magnífico Juan de Mairena, nos recuerda que en Castilla se dice “nadie es más que nadie”, y nos da la explicación: porque por mucho valor que tenga alguien nunca tendrá otro mayor que el de ser persona. A los filósofos “liberales” del siglo XVII y del XVIII –que no se llamaban así ni sabían que lo eran porque el liberalismo como doctrina política cuajó muy a finales del XVIII y como tal término no se empezó a utilizar hasta bien entrado el XIX–, a los filósofo “liberales”, decía, les pareció que los derechos inalienables y las libertades fundamentales eran algo tan importante que su origen no podía radicarse sólo en el pensamiento humano. Por eso le buscaron un fundamento natural y divino, que para muchos, como para Spinoza, venía a ser lo mismo (natura sive Deus).

Hoy, que ya hemos pasado por la modernidad y la postmodernidad, y estamos de vuelta de casi todo –los que han ido alguna vez a alguna parte, claro–, podemos prescindir de tales fundamentaciones naturales y divinas, pero no por ello dejar de reconocer que la teoría de los derechos inalienables y las libertades fundamentales es uno de los grandes logros de la razón humana, un “nivel histórico” logrado que permite el desarrollo humano desde una nueva planta, desde un horizonte alcanzado que facilita mirar más allá en el proceso de humanización de lo humano, pues si algo caracteriza al hombre es no tener un ser fijo y estático, sino que, como nos enseñó Ortega y Gasset, su ser es un serse y deserse, un ir haciéndose en la circunstancia que a cada cual le ha tocado en suerte, la cual puede transformar, y que, en cualquier caso, interpreta a su modo y la hace mundo para poder vivir en ella.

Me preocupa la ligereza con que los gobernantes, incluso los que más invocan sus raíces liberales, suelen descender por debajo de este nivel histórico y, consecuentemente, deshumanizan al hombre, lo retrotraen a tiempos anteriores. Hay muchos ejemplos, individuales y desconexos, pero que juntos señalan una cierta tendencia preocupante en las democracias: la obsesión totalitaria. Hace ya tiempo que publiqué un artículo titulado, si no recuerdo mal, “El liberal reglamentismo”. La idea me surgió porque la hoy alcaldesa de Madrid y entonces concejal de Medioambiente, había propuesto una norma que preveía la sanción de quien rebuscase en los cubos de la basura. Eran entonces los años de bonanza y eso sólo lo hacían los mendigos. Imagínense adónde podría llevarnos hoy una aplicación tajante de esta norma sancionadora cuando tantos parados están buscado el alimento como pueden y son muchos los que acuden a los contenedores próximos a supermercados a la hora del cierre. La norma era innecesaria porque ya existían otras que sancionaban conductas que ensuciasen la vía pública, que era el problema aparente. En el fondo, detrás de tal medida lo que había era –además de una visión social muy conservadora y alejada de la realidad social de mucha gente– un afán o empeño por reglamentar todo aquello que no le gustase al poder de turno.

Los ejemplos son diversos. Hace unos días se ha aprobado una nueva ley que regula, entre otras cosas, el arrendamiento de viviendas. En ella se impone a los propietarios de inmuebles que quieran venderlos o alquilarlos que presenten al comprador o inquilino una especie de ITV de eficiencia energética del inmueble en cuestión. La utilidad de que una vivienda sea eficiente desde el punto de vista de la energía no se le escapa a nadie, sobre todo a los que pagamos los recibos de electricidad y gas todos los meses, pero de ahí a imponer por ley tal medida va un largo trecho. Primero, porque en el caso de las nuevas viviendas, existe ya desde hace muchos años una normativa para que la construcción de las mismas responda a criterios de eficiencia energética. Y, segundo, porque es algo que el comprador o inquilino puede fácilmente revisar por sí mismo o reclamar tras la compra o alquiler si hay un problema serio. No sé cuántas reclamaciones sobre esta cuestión se producirán al año en las oficinas de consumo o se traducirán en demandas judiciales, pero supongo que no muchas. ¿Cuál es la necesidad de tal norma, entonces? La verdad es que es difícil suponerla y, en cambio, la intencionalidad de que algunas empresas hagan negocio aprovechando el Boletín Oficial del Estado es más que evidente. Medidas arbitrarias de este tipo se han aprobado muchas en los últimos años, con muy diferentes gobiernos, sin que los ciudadanos levantemos la voz, aunque nos indignemos en silencio. Aquí el afán reglamentista tiene que ver con intereses privados. Recuerdo que hace años se obligó a que se cambiasen todos los ascensores que no tuvieran unas determinadas medidas de seguridad. En los edificios antiguos hubo que poner contrapuertas o un nuevo tipo de puerta con otro sistema de cierre para cumplir la normativa, en perjuicio de las sillas de bebés y de las sillas de ruedas que, en muchos casos, ya no cabían en los ascensores, algo en lo que los que redactaron la norma no cayeron. También recuerdo que las estadísticas de accidentes que se publicaron en aquel tiempo para nada mostraban la necesidad de tal medida, sin perjuicio de que se impusiese, como ya estaba, una normativa más segura para las nuevas construcciones.

Estos ejemplos nimios son sólo una muestra del afán de muchos gobiernos por reglamentarlo todo, vulnerando de forma más o menos directa o sibilina derechos y libertades de los ciudadanos. Pero estas semanas hemos conocido noticias relacionadas con Estados Unidos que muestran situaciones mucho más serias y peligrosas, las cuales podrían llevarnos a una sociedad que siguiese un modelo panóptico u orwelliano de control social a través de las nuevas tecnologías y aprovechándose de que todos utilizamos teléfonos móviles, redes sociales, ordenadores, tablets... Ha dicho Obama que no podemos tener un 100% de seguridad y un 100% de libertad. No estoy de acuerdo con esta dicotomía, pero soy consciente de que mucha gente preferiría renunciar a parte de su libertad para asegurar su vida. Es un planteamiento hobbesiano y de él se han aprovechado siempre los absolutistas, dictadores y totalitarios de la historia. El problema es que sea el Estado el que nos imponga el grado de libertad que debemos perder para asegurar, valga la redundancia, nuestra seguridad. Conviene no olvidar que los derechos inalienables y las libertades fundamentales son un nivel histórico alcanzado al que no debemos renunciar alegremente y menos consentir que sea el Estado el que decida sobre los mismos sin respetar los mecanismos de un Estado de derecho. A lo mejor es necesario articular de modo más eficaz las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial, manteniendo cada uno su independencia, para agilizar la persecución de comportamientos delictivos, pero no hay que olvidarse de que la división de poderes y la independencia del poder judicial es también una garantía de nuestros derechos y libertades.