Vida pública-vida privada

Como han destacado numerosos autores y comprobamos cotidianamente, las sociedades occidentales asisten desde hace décadas a una crisis de valores. El pensador alemán Dahrendorf señalaba que en los tiempos actuales, más que nunca, nos hacen falta asideros morales que nos sirvan de brújula y referente en nuestra vida diaria. La propia crisis económica que padecemos ha llegado a ser explicada como una crisis de codicia y, en general, de laxitud moral (anythinggoes). Uno de los factores que ayudan a comprender esa crisis ética se encuentra en la creciente separación entre moral y racionalidad. Como señala Adela Cortina, dicha separación marca la radical cesura, portadora de muchos males, entre vida privada y vida pública que se produce en las sociedades occidentales. En este sentido, nos recuerda la profesora valenciana, no podemos renunciar a contemplar la vida pública desde criterios de moralidad (y no sólo de eficiencia) y la privada desde la racionalidad (de tal forma que no todo vale por el hecho pertenecer al “castillo” interno íntimo de cada uno).

Una de las derivaciones de lo acabado de apuntar es la relación entre la vida privada y la vida pública del gobernante o, más en general, del político. Recientemente, la cuestión ha vuelto al centro del debate a propósito de la resolución –ciertamente sorprendente desde la óptica española- de un tribunal británico que avalala revelación al público de la identidad de una hija extramatrimonial –nacida hace tres años- del alcalde de Londres, la estrella emergente tory Boris Johnson.

La relación vida pública-vida privada de los políticos y la necesidad o no de que una y otra sean igualmente ejemplares es una cuestión objeto de amplia y recurrente discusión. Sabido es que la respuesta que se ha de dar a la misma dependerá en buen grado del contexto social y cultural en el que nos situemos. Así, en los países anglosajones, particularmente en Estados Unidos, los niveles de exigencia –o intromisión, según se mire- en la vida privada del cargo público son considerablemente más intensos o elevados que en el ámbito continental, como es el caso destacado de España, en donde en muy rara ocasión la conducta privada del político influye en su valoración pública.

Ciertamente, el análisis de la cuestión debe partir de la constatación de la existencia de unos parámetros de exigencia ética superiores en el ámbito público que en el sector privado. Efectivamente, el concepto de responsabilidad política, u obligación de dimitir, es un concepto más exigente; de ahí que conductas que suponen la obligación de dimitir de un cargo público no implican la pérdida del correspondiente trabajo si son realizados por trabajadores o directivos de la empresa privada. Así, por ejemplo, conductas ajenas al desempeño de las funciones públicas que supongan la apertura de un proceso penal por delito, o por falta, o incluso una infracción administrativa. La responsabilidad política entra en juego ante comportamientos en los que al desvalor o reproche penal o “administrativo” se une el político, como sucede en casos como la conducción bajo los efectos del alcohol, delitos o faltas de lesiones, impago de sanciones administrativas por mínimas que sean, etc…

Más controvertido es el caso de comportamientos del ámbito más estrictamente privado, como una infidelidad conyugal o una adicción. Por lo que respecta al primer ejemplo, sabido es que en Norteamérica los semáforos rojos de la responsabilidad política se encienden ante los escándalos extramatrimoniales, ya que se considera –de nuevo el concepto clave del trust- que no puede confiarse en quien engaña a su mujer o marido. En Europa se prefiere diferenciar netamente un aspecto y otro, existiendo una suerte de pacto de no agresión prensa-clase política en este aspecto: no interesa porque no se sabe y no se publica porque en teoría no interesa. Por otra parte, en la cuestión de las adicciones o consumos prohibidos, aunque bien es verdad que son muy escasos los supuestos en los que ocurre, es aún menos claro que la faceta privada no pueda llegar a afectar a la actuación en el gobierno de la res publica.

Mayor complejidad encierra la respuesta ante conductas de la esfera privada o familiar incongruentes con las posiciones políticas defendidas, como son los casos de los modelos privados públicos de sanidad y educación, del aborto… Hace años un cargo público partidario del modelo público de enseñanza, para justificar el que enviara a sus hijos a un colegio privado, señalaba que él quería lo mejor para sus hijos y que, deseando lo mejor para la escuela pública, en tanto ésta no alcanzara el nivel de excelencia de la primera, optaría por esta última. Explicación entendible y comprensible, aunque no carente de contradicciones en el silogismo.

Para concluir con el elenco de supuestos problemáticos cabe citar el relativo a la salud de los gobernantes, tema que de cuando en cuando –generalmente ex post facto- se vuelve a plantear en las ágoras contemporáneas. ¿Existe un derecho a conocer el estado de salud de nuestros dirigentes en correlación con un eventual deber de dimitir cuando aquél no les permite el pleno rendimiento? Casos como los de Reagan o Miterrand –por citar algunos de los más recientes- plantean el dilema en toda su crudeza. Ciertamente, este ámbito se antoja como el más íntimo de una persona –el dolor y la posible cercanía de la muerte- por lo que en principio debe primar más que en ningún otro la decisión personal –hay ejemplos de todo tipo.

Todas las señaladas son cuestiones que “están ahí” y para las que no es fácil una respuesta unívoca y categórica. El servidor público debe ser más transparente y ejemplar que el resto de sus conciudadanos, pero tampoco el hecho de entrar en política debe suponer una anulación radical de su faceta personal, en el sentido de que pueda y deba conocerse todo lo que hace. Es cierto que determinadas conductas privadas pueden repercutir en la labor pública o son indicios de una mala praxis en esta última, pero también es verdad que en otras ocasiones el “interés ciudadano en conocer” se sitúa en el campo del cotilleo o del más descarado sensacionalismo. Se olvida a veces que el político es persona y, como tal, con luces y sombras en su comportamiento privado. No toda acción privada poco ejemplar debe implicar la inmediata puesta en juego de la responsabilidad política. Habrá conductas que sí lo exijan, otras inocuas desde el punto de vista público y otras en que lo más adecuado es que sean juzgadas por el electorado en la siguiente cita con las urnas. Pero, una vez más, ello sólo es posible en los sistemas uninominales, aunque esa es otra cuestión.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que, si se hubieran conocido en su día por el gran público determinados comportamientos privados, la Historia se habría perdido a protagonistas tan decisivos como Lloyd George o Kennedy o incluso al propio Churchill (“mujeriegos” los dos primeros y muy inclinado al alcohol el Viejo león). Entre la vida disoluta de un Alcibíades y la ejemplaridad –algo mojigata- del gran Gladstone, siempre nos quedará la genialidad extrovertida de un Disraeli.