El Banco de España ha hecho las cuentas y son aterradoras. El conjunto de las Administraciones Públicas debe un 88,2 por ciento del PIB. Es decir, tendríamos que aportar toda la producción hasta el 18 de noviembre sólo para pagar la deuda.
El problema, se dice, es el endeudamiento privado. No, dicen otros, es el público. El problema, claro está, son los dos. Pero este viernes hemos conocido nuevos datos de la deuda pública española. Si en el último trimestre de 2012 el endeudamiento era del 84,2 por ciento del PIB, en el primer trimestre de este año es ya,
lo hemos dicho, del 88,2. Cuatro puntos del PIB en tres meses. Da miedo decirlo.
El nivel actual supera el 85 por ciento que,
según contamos en estas crónicas, es el límite a partir del cual el Banco de Pagos Internacionales calculaba que empezaba a ser un riesgo para el crecimiento. Hay mucho debate sobre el asunto, especialmente a partir de la polémica sobre un artículo de
Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff que alcanzaba conclusiones parecidas. Lo importante no es saber dónde está esa frontera, siempre difusa, sino tener claro que la deuda merma el crecimiento. Ya contamos aquí que la mayor deuda se paga, a largo plazo,
con menores salarios.
Recordemos ahora ese razonamiento, porque vuelve a ser relevante. Decíamos entonces, recogiendo las conclusiones de un informe que para que la deuda pública sea sostenible, necesitamos: 1) “que la
inflación sea muy baja, e incluso negativa”, y 2) “que haya un
superávit por cuenta corriente”. Pero claro, ello requiere una reducción en los salarios y en los costes laborales unitarios”. ¿Por qué es así? Porque “una caída en los salarios lleva a una inflación negativa y reprime la demanda de los hogares, lo que lleva a un superávit exterior”. En consecuencia, decía el informe, “se necesita una caída continua en el poder adquisitivo de los trabajadores para asegurar la sostenibilidad de una alta deuda pública, lo cual es una consecuencia desafortunada y raramente analizada de los altos niveles de deuda pública”
Digamos algo más sobre el nivel actual de la deuda. Si dividimos los 922.828 millones de euros que suma la deuda pública por la población estimada por el INE para octubre de 2012, resulta que
la deuda por español es de 20.010 euros. Para una familia de cuatro miembros, ello supone una deuda de 80.040 euros. Las nuevas hipotecas constituidas superan esa cantidad, pero la hipoteca media a la que se enfrenta una familia seguramente queda por debajo, ya que habrá amortizado una parte de lo que pidió en su día. De modo que, en términos reales, el peso de la deuda pública es mayor que el de una hipoteca media. Más, si tenemos en cuenta que no todas las familias tienen una hipoteca.
No es el camino del crecimiento ni de la prosperidad.