"Justicia" paralela

El linchamiento de una comunidad indígena en México a tres hombres acusados de violar y asesinar a una joven ‘tznun’ en un municipio de Chiapas, y cuyo vídeo, además de haber estado en circulación en la red social de YouTube, también comenzó a comercializarse en un mercado de la zona. Además de producirnos espanto por la magnitud del brutal “tribunal”, el trágico hecho nos obliga a reflexionar las razones por las cuales América Latina se encuentra entre las regiones más proclives a tener cada vez un mayor número de personas con ganas de tomar la justicia por sus propias manos.

Esta misma semana en Guatemala se dio un caso similar, cuando unos 200 vecinos de la aldea Chicol, de la comunidad de Santa Bárbar, colgaron a dos hombres que presuntamente asaltaban casas en esa localidad. Al igual que en México, esta especie de justicia “paralela” se ha cobrado en el país centroamericano, la vida de más de 260 personas y otras 1.310 han resultado heridas en linchamientos entre 2004 y los cinco primeros meses de lo que va de año.

Incidentes de este calibre se han repetido en Honduras, El Salvador, Venezuela o Bolivia. ¿El común denominador?, la impunidad que reina en la región, la cual en algunos países llega a tales extremos, que la ciudadanía se ve desamparada ante la ausencia de una estructura y transparencia política y unos cuerpos de seguridad institucionalmetrente débiles y corruptos. Un desamparo que se agudiza en las poblaciones más desvalidas que incurren en el irracional acto de ejecutar sus propia leyes cuya sentencia es la misma: la muerte.

Este fenómeno ha de llevarnos a pensar sobre los nocivos efectos que tiene la ausencia de un orden judicial eficaz y transparente sobre la sociedad, especialmente la latinoamericana; sin embargo, no hay que ir al otro lado del Atlántico para percatarnos de que la Ley del Talión resulta ser una brutal respuesta ante el “autismo” de las autoridades sobre ciertos temas. Basta echarle un vistazo a los titulares de los últimos días y repasar el caso de María del Carmen G, que mató al violador de su hija en Benejúzar (Alicante).

La trágica hipótesis que este asunto nos plantea la posibilidad de que ante la impunidad, en sectores sociales de riesgo o exclusión comiencen a observarse “tribunales paralelos “ que comiencen a aplicar su “código penal”, con la misma violencia o más de la que fueron objeto. Un peligroso “ojo por ojo” que como diría Mahatma Gandhi para estos casos “terminaría por dejar al mundo ciego”.