La desigualdad jurídica de la Infanta Cristina

Hasta en 35 ocasiones utilizaba ayer la palabra “error” el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a propósito del informe de la Agencia Tributaria que atribuía unas ventas de fincas a la infanta Cristina por importe de más de 1,4 millones de euros. Montoro, además, pedía disculpas a la Casa Real e intentaba quitar hierro a un asunto de todo punto impresentable, máxime tratándose de un titular lenguaraz que se jactaba –violando derechos fundamentales- de conocer las declaraciones de Hacienda de ciudadanos particulares que no gozaban de sus simpatías. Con todo, el daño ya está hecho.

Es notorio que cuanto rodea a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín con el caso Noos como telón de fondo tiene una gran trascendencia. Lógica, por otra parte, tratándose de quien se trata. La ejemplaridad de la que deben hacer gala los miembros de la Familia Real es, si se quiere, una servidumbre del cargo, aunque imprescindible en una monarquía del siglo XXI. Los duques de Palma, empero, son iguales en derechos y obligaciones a cualquier ciudadano. Y ello incluye tanto la presunción de inocencia como la protección al honor.

La imagen de la Infanta Cristina ha sufrido un menoscabo considerable a causa del “error” de la Agencia Tributaria. Tampoco han salido bien parados notarios y registradores de la propiedad, sobre los que se ha vertido la sobra de duda a la hora de no haber actuado con la debida diligencia. Cuando concluya la investigación, Montoro debe volver a comparecer públicamente para arrojar luz sobe un caso con demasiadas sombras.