Viernes 21 de junio de 2013
El diálogo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comienza adquirir dimensiones de “picaresca española”, sobre todo por la postura de la narcoguerrilla en torno al punto de la participación política, el segundo asunto a abordar en la mesa de negociación instalada en La Habana.
No conforme con que el grupo armado más longevo de América Latina ha extorsionado, coaccionado y atentado contra la nación colombiana y sus ciudadanos durante medio siglo, ahora demanda ciertas exigencias “democráticas” para continuar avanzado en el “proceso de paz”. Además de reclamar una Asamblea Constituyente, ahora han anunciado un decálogo de “medidas” para la “democratización real” del país suramericano: una pretensión que no sólo burla a las instituciones del Estado colombiano, sino la inteligencia y el sentido común de una ciudadanía que si bien quiere la paz para su país, también implora que se haga justicia.
Desde que se instaló la mesa de diálogo en noviembre, hemos observado un ir y venir de demandas por parte de la narcoguerrilla y ninguna señal de la misma que indique la mínima intención de reparar el daño que ha provocado a la nación. Es como si el hecho de sentarse a dialogar suponga pasar página y listo, como si nada hubiera ocurrido en los últimos 50 años en Colombia.
Una cosa es sentarse a sembrar las bases para una paz duradera y sincera en un país que lleva medio siglo sumergido en el conflicto armado y otra es hipotecar la democracia por intereses electorales. Esperemos que el presidente Santos, que ya cedió en el tema de la reforma agraria, no caiga en el manipuleo del grupo narcoterrorista que son las FARC, que en vez de darse la gran vida en La Habana en donde se encuentran a cuerpo de reyes dando “cátedras” de democracia y demandando “exquisiteces” y privilegios políticos; deberían reflexionar cómo enmendar el daño histórico y nacional que le han hecho a su país.
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