De pactos y consensos

Este martes se aprobará en el Congreso de los Diputados la proposición no de la ley (“pnl”, en el argot parlamentario) que formaliza el pacto alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, cara al Consejo de Europeo de este fin de mes. Habrá que esperar a ver si al PP y al PSOE se suma algún otro partido –aportando ideas coherentes, si las tienen- o si persisten en su pataleta porque no se pudieron sentar en la mesa en que se redactó el proyecto, olvidando algo elemental en la vida parlamentaria: La voz cantante la llevan siempre los grandes grupos y solo cuando éstos han llegado a un acuerdo tiene sentido que los grupos más pequeños hagan sus aportaciones. Otra cosa sería el caos permanente y no han faltado aquí ejemplos de esas malas prácticas en tiempos no demasiados remotos.

No nos hallamos ante un pacto de Estado ni nada parecido, aunque no faltaron algunos supuestos analistas que no vacilaban en utilizar esas “palabras mayores” y hasta trataban de demostrarnos que saben historia refiriéndose a los casi míticos Pactos de la Moncloa. Este pacto es más modesto pero no por ello menos importante. Como se sabe, sus aspectos principales son el plan de empleo juvenil, la necesidad de generar crédito -sin el que es imposible el crecimiento y, por lo tanto la creación de empleo- y la urgencia de hacer realidad la unión bancaria que se acordó hace ya un año y que sigue en el mundo de los buenos propósitos, sobre todo por las reticencias alemanas. Que Rajoy acuda a Bruselas con el apoyo, al menos, del principal partido de la oposición, le da indudablemente más fuerza y proyecta una imagen positiva de España y de su estabilidad política. Esto es importante en una Europa donde hay muchos gobiernos de coalición y muestra que Rajoy cuenta no solo con sólidas mayorías absolutas en ambas Cámaras sino que en una coyuntura decisiva, los dos grandes partidos dejan a un lado sus evidentes discrepancias.

Tampoco nos hallamos ante una radical novedad. Cuando a principios de 2010 España asumió la presidencia semestral de la UE, el PP mostró su apoyo y ambos partidos consensuaron también en aquella ocasión una pnl que enumeraba los objetivos que se proponía impulsar la presidencia española. En aquella ocasión se sumó al voto al menos CiU, que no había entrado todavía en su enloquecida deriva soberanista. A finales de aquel año el Gobierno de Zapatero, por exigencias europeas, tomó la iniciativa de reformar el artículo 135 de la Constitución, en busca de una imprescindible estabilidad presupuestaria, y el PP apoyó desde el primer momento el proyecto de nuevo artículo. Y, si no recuerdo mal, en aquella ocasión se quedaron solos los dos grandes partidos. Pero el PSOE, tras su derrota del 20 de noviembre de 2011, en una muestra de incoherencia, poco comprensible, negó su voto a la ley orgánica que desarrollaba aquel modificado artículo de la Constitución. Cosas veredes.

Seguramente conviene recordar que si los pactos ocasionales, sobre proyectos o planes concretos, son usuales en la política democrática, los pactos de Estado o más inclusivos son, por su propia naturaleza, excepcionales. La democracia es el sistema político propio de las sociedades pluralistas, que abrigan en su seno discrepancias ideológicas o de intereses y de enfoques muy amplias que se resuelven en el ámbito parlamentario por el mecanismo del voto y las mayorías. Pero un país cohesionado debe ser capaz, sobre todo en situaciones de crisis, de llegar a pactos, que no son solo una cuestión de imagen sino un instrumento eficaz para alcanzar soluciones.

Lo que sucede es que, con la excepción de los casos citados más arriba y algún otro de menor importancia, el PSOE de Zapatero se ha negado a pactar. Un socialista ilustre y con mucha experiencia política, Joaquín Leguina, decía la otra noche en un canal de televisión que “el PSOE de Zapatero no había querido ir con el PP ni a misa”. Y tanto. Aquellos fueron los tiempos de otros pactos, como el del Tinell, y de los “cordones sanitarios” y demás mecanismos de exclusión, que nos retrotrajeron al ambiente político de los años treinta del siglo pasado. Rajoy fue a La Moncloa en febrero de 2005 con el proyecto de cuatro grandes pactos bajo el brazo, pero el inquilino del Palacio le dio con la puerta en las narices; de allí no salió nada. Sólo cuando, tras años de ceguera culpable, se le empezaron a ver las orejas al lobo de la crisis (algunos se las habían visto hacía ya mucho tiempo) fue cambiando el panorama.

El propio Rubalcaba, en su intervención en el debate de investidura de Mariano Rajoy, pareció dispuesto a una política de entendimiento, lógica con la crisis que arreciaba. Pero aquello duró poco, seguramente porque el entorno de Rubalcaba le pedía que hiciera sangre y que se tirara al cuello del Presidente. Un Rubalcaba bastante discutido pareció plegarse a aquellos halcones de vuelo bajo y corto y se despachó con aquellas peticiones de dimisión de Rajoy que carecían de cualquier sentido. ¿Cómo se puede pedir la dimisión de un Gobierno que apenas unas semanas antes había ganado las elecciones por mayoría absoluta? Con aquella insólita actitud, quizás consiguió el aplauso de su entorno inmediato, pero le desgasto ante la opinión pública y ante no pocos sectores del partido.

En torno a este pacto se puede articular un frente de los países del sur, sobre todo Francia e Italia, que tienen que resistirse ante los planes de los burócratas del FMI. Encerrados en sus despachos de Washington y manejando magnitudes macroeconómicas parecen olvidan que sus recetas no se quedan en el papel sino que afectan a la vida cotidiana de millones de personas, que no son objetos de laboratorio ni material para hacer experimentos. Las supuestas discrepancias entre FMI y la Comisión Europea facilitarán la tarea de conciliar exigencia económica y comprensión de que la resistencia de los ciudadanos no es ilimitada.

Pero bienvenido sea el pacto que, como piden muchos, se podría extender a otras cuestiones como la ley de transparencia o los proyectos de reforma de la Administración Pública, por no hablar de la política exterior y de defensa, que son ámbitos lógicos para el acuerdo y el pacto entre las fuerzas políticas más significativas. Aparte de esto, cada partido seguirá con su programa. Se conoce bien la actitud del PSOE ante la LOMCE, en nuestra opinión poco realista, y ya empiezan a oír las primeras protestas ante la reforma de la Administración. Lo dicho. Pacto de mínimos. Lo que hace falta es que funcione.