¿Es relevante el pacto europeo? ¿Qué pide España? ¿Lo logrará?

Mariano Rajoy se va a presentar este jueves en Bruselas para participar en un Consejo Europeo del que se lleva hablando varias semanas. ¿Tan relevante es? Partido Popular y Partido Socialista, principales impulsores, pese al recelo del resto de formaciones, afirman que sí, que el pacto suscrito por una posición común en esta cumbre era premisa fundamental. Otra pregunta: ¿qué quiere conseguir Rajoy allí? Principalmente, un giro hacia políticas de crecimiento e incentivos para atajar tanto el paro juvenil como la falta de créditos a pymes. Y la tercera y más importante: ¿lo logrará?

El próximo Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013 debería constituir un hito en el compromiso de la Unión Europea para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y ganar competitividad. La anterior es una de las demandas del texto negociado, rubricado y presentado por Alfonso Alonso y Soraya Rodríguez al Parlamento y sellado en más alta instancia por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Rubén Moreno, del Grupo Popular, es "optimista". El diputado ha explicado a EL IMPARCIAL la necesidad de conseguir que los fondos dedicados a empleo en los próximos siete años (en el Marco Financiero Plurianual) se sirvan en los dos primeros, dada la urgencia en el caso español. "Restaurar la actividad normal" en lo económico es, a su juicio, lo que encierra y resume el documento consensuado. Para Moreno, no es accesorio que Rajoy se pelee en Europa arropado por los principales partidos de oposición. "Aunque no cambia en esencia la posición, es un buen mensaje porque no es una posición de partido, sino una posición de país", sostiene.

"Cada país tiene su estrategia", añade, y es "muy difícil" y hasta "contraproducente" avanzar qué se puede y no obtener del Consejo "antes de las negociaciones". Sí se atreve Moreno a apostar por un "saldo muy positivo" porque entiende que España traslada a Europa "medidas muy razonables".




Menos paro juvenil, más crédito a pymes
El presidente del Gobierno, impulsado por una amplia mayoría del hemiciclo, acudirá a la capital belga con el discurso aprendido. Tiene el mandato de pedir avances. Algunos, generales, son compartidos por distintos socios europeos; otros, particulares, están llamados a aflojar la soga del paro juvenil y la sequía de créditos a pequeñas y medianas empresas.

La proposición no de ley respaldada este martes por el Congreso de los Diputados insta al Ejecutivo a defender en el Consejo ocho puntos:

1. Dirigirse hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria en sus pilares financiero, fiscal, económico y político.

2. Pedir a las instituciones comunitarias, incluido el Banco Central Europeo (BCE), acabar con las muy diferentes condiciones de financiación para las empresas en los distintos países de la Zona Euro, lo que resulta completamente inaceptable en el seno del mercado interior.

3. Impulsar el crecimiento y el empleo aprovechando al máximo la capacidad inversora de la Unión.

4. Volcarse en pro del empleo juvenil, utilizando todos los recursos asignados a la Iniciativa sobre el Empleo Juvenil en los primeros años de vigencia del próximo Marco Financiero Plurianual, desarrollando un programa ERASMUS para la Formación Profesional y convirtiendo el sistema EURES en una verdadera herramienta de empleo y formación europea.

5. Incrementar el volumen total de fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinados a las pymes, permitir el acceso de las empresas europeas a los procesos de licitación internacionales y facilitar el crédito a la exportación.

6. Apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y mutuamente beneficioso.

7. Motivar avances para la consecución de un mercado interior europeo.

8. De acuerdo con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea debe impulsar el papel de los agentes sociales, favoreciendo su consulta y participación con vistas al desarrollo de la dimensión social europea, asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la sanidad y la educación de calidad.