José María Zavala | Martes 25 de junio de 2013
Así que Estados Unidos tiene un gobierno “cotilla”. Así que a los gobiernos les interesa recopilar información sobre sus ciudadanos. Así que las grandes empresas colaboran con las administraciones de forma simbiótica. Interesante. Y todo esto venía en la sección de noticias, a modo de novedad, deduzco.
Tanto la Casa Blanca como las empresas se han apresurado a justificarse, argumentando que es tan sólo una pequeña proporción de la información la que se analiza. Los primeros aseguran que no escuchan las conversaciones en sí ni leen lo contenidos de todos los intercambios telemáticos. Evidentemente no cuentan con un ejército de duendecillos dedicado día y noche a tan titánica tarea. Para eso ya se desarrollan sistemas de reconocimiento semántico, como el proyecto europeo OSEMINTI. Los segundos aducen que comparativamente sólo proporcionan a la administración una parte mínima de la información generada, relativa a un número minúsculo de sus clientes. No es una cuestión de cantidad, y lo saben. Pero la falta de argumentos lleva a este tipo de afirmaciones.
La capacidad de gobiernos y empresas para el control de las telecomunicaciones no es nada nuevo precisamente. Los proyectos Echelon, Carnivore, y en España, SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones) llevan ya tiempo operando, no sólo almacenando los metadatos, sino ofreciendo la información que sea necesaria si así lo avala un magistrado. En teoría, la protección judicial está ahí. El problema es que los servicios secretos, como su propio nombre indica, son secretos. Si fueran transparentes, serían una mierda de servicios secretos. Por lo tanto sólo nos queda confiar en la buena fe de todos aquellos actores políticos involucrados.
La Unión Europea por su parte tiene el valor de insinuar que está preocupada por la privacidad de sus ciudadanos, cuando desde hace años el almacenamiento de metadatos es obligatorio en todos los países de su territorio. Si bien es cierto que se trabaja para garantizar la privacidad de los usuarios, al mismo tiempo se genera una cantidad inimaginable de datos registrables. Y somos nosotros mismos quienes en definitiva aportamos toda esa información a través de nuestras comunicaciones.
La transparencia en la gestión de datos no interesa ni a empresas ni a gobiernos. Tanto a unos como a otros les conviene obtener el máximo de información posible pero sin revelar su funcionamiento interno. Igualmente, a los ciudadanos de a pie, nos interesa tener el máximo de información disponible sobre otros usuarios, sólo que también nos conviene compartir información personal, de tal forma que podamos gestionar y optimizar nuestras relaciones sociales de todo tipo (afectivas, laborales, etc.).
Anticipar y controlar son dos herramientas altamente eficaces contra quienes se atrevan a ejercer el legítimo derecho de rebelión, aquél que dice que si un Gobierno se convierte en tirano, es un derecho e incluso una obligación derribarlo. La información es mucho más útil que la fuerza, y puede resultar mucho más rentable en las estrategias para el control de los inconvenientes políticos y sociales. Si desde los poderes centrales no se nos respeta como ciudadanos en una amplia gama de aspectos, ¿por qué iban a hacerlo con nuestra privacidad?