El Gobierno sube los impuestos al alcohol, al tabaco… y al aire acondicionado

El Gobierno sube de nuevo los impuestos. Cristóbal Montoro ha anunciado el incremento en aquellos sobre alcohol (un 10 por ciento más) y tabaco y la creación de una tasa sobre los gases fluorados de efecto invernadero (“se utiliza en aires acondicionados; su uso es muy costoso y contaminante”, ha sostenido). El ministro estima unos ingresos de 1040 millones de euros anuales con esta decisión.


Rueda una cabeza. La controversia en torno a la supuesta venta de unas propiedades atribuidas a la Infanta Cristina se zanja –o continua- con el relevo al frente de la Agencia Tributaria. Santiago Menéndez Menéndez sustituirá en la dirección a Beatriz Viana.

Según Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de una baja “voluntaria”. Sin embargo, el momento y las circunstancias hacen desconfiar de esta versión y apuntan más a una destitución. Cristóbal Montoro ha admitido estos últimos días “errores” de este organismo y pedido disculpas a la Familia Real. De hecho, momentos después de la intervención de la vicepresidenta ha dado a entender que Viana ha entendido que tocaba “fortalecer” la credibilidad de la Agencia.

El ministro de Hacienda se encontraba precisamente junto a Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Tenía algunos anuncios. Por ejemplo, el nuevo techo de gasto, guía para la elaboración de los Presupuestos del próximo año y que aumenta un 2,7 por ciento respecto al del pasado, hasta 133.259 millones de euros. El gasto disponible de los ministerios, ha explicado, “una vez atendidos los compromisos ineludibles”, se reduce un 0,7 por ciento, porcentaje que equivale al gasto de intereses de la deuda pública. El Ejecutivo prevé unos ingresos del Estado de 128.159 millones.

Montoro ha confirmado la subida de impuestos sobre el tabaco y el alcohol (del 10 por ciento), de la que se libran cerveza y vino, y la eliminación de las deducciones en el de sociedades que minoran la base imponible de las grandes empresas. Nace además la tasa sobre los gases fluorados de efecto invernadero (aire acondicionado). Sumando alcohol, tabaco y esto último, el Gobierno estima unos ingresos “en términos de recaudación anuales” de en torno a 1040 millones de euros aunque, como ha recordado el ministro, todo depende del consumo -consumo que no alienta en estos casos, ha bromeado-.

Además, el ministro de Hacienda ha anunciado que el Gobierno ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de los años de 2015 y 2016 elevando una décima las cifras de ambos ejercicios, hasta el 1% en 2015 y hasta el 1,4% en 2016. Montoro ha justificado este cambio por la mejora prevista para la demanda interna en el futuro. De esta forma, el PIB se contraerá un 1,3% este año, pero crecerá un 0,5% el año que viene. En 2015, el PIB aumentará un 1% y en 2016, un 1,4%.

Este fértil consejo de ministros ha alumbrado también un crédito extraordinario de 104 millones de euros para ciencia, tecnología e innovación. 25 de ellos, para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); 79, a reforzar la contratación de jóvenes investigadores y proyectos del plan estatal I+D+i.

Ha dado de sí la reunión asimismo para decidir llevar el decreto de la Junta de Andalucía sobre desahucios ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno esperará a un informe del Consejo de Estado, al que pedirá recomendación con carácter de urgencia –un plazo de 15 días para responder-. Una vez el Ejecutivo reciba el documento, interpondrá el recurso, si es esa la dirección del mismo. Sáenz de Santamaría ha recordado que la Unión Europea ya ha puesto en duda esta legislación y manifestado inquietud al, entiende, poder colisionar con el derecho a la propiedad de la vivienda, competencia reservada a las Cortes Generales.

En turno de preguntas, la cuestión ineludible: el caso Bárcenas. La respuesta, de la que se ha encargado la vicepresidenta, no se ha movido un milímetro de anteriores y mucho menos de la nota emitida este jueves por el Partido Popular al respecto. Ha señalado la portavoz que desde La Moncloa no “puede” dar “ninguna opinión”, pues ella representa al Ejecutivo y no al partido, sostiene. A lo que ha añadido que “cualquier decisión judicial es digna de respeto”.