La intervención de las CCAA no es la solución

Dentro de que no hay una “solución” definitiva y permanente, la intervención fiscal de las Comunidades Autónomas es un parche muy del estilo de Montoro, que se mueve como pez en la ciénaga en el politiqueo.

El Gobierno está pensando en aprobar una Ley de Control de la Deuda Comercial. ¡Qué medida más necesaria! Porque lo que había, lo que hay en realidad, es un descontrol. Pagos que se hacen a 90, 120, 300 días y más. Según los datos recabados por ATA, las Administraciones Públicas adeudan a los autónomos 4.811 millones de euros. Son 699 millones menos que la encuesta anterior. Aún así, mientras que el plazo de pago medio en el sector privado es de 95 días, mientras que en el sector público es de 148 días. Según la Ley de Morosidad, el plazo con el que puede pagar el sector privado es de 60 días, de modo que lo incumple por más de un 50 por ciento. Pero según la misma ley, el plazo con el que puede pagar una administración pública es de 30 días, de modo que lo incumple cuatro veces.

Todos conocemos a alguien que está viviendo una situación apurada por la morosidad de las AAPP. Es un mal generalizado que convierte a los proveedores de éstas en prestamistas. Son ellos los que asumen el coste financiero de hacer funcionar la Administración. Una morosidad que va en cadena. Gran parte de esos 94 días se explican por los 148 de las AAPP.

El Estado tiene que cumplir. Las Comunidades Autónomas, también. Aunque están obligadas a pagar a 30 días, la realidad está tan lejos que las sanciones que prevé el Gobierno son a partir de los 60 días. Según el Anteproyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial, la Comunidad que pague a más de 30 días recibirá una inspección por parte de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Es una medida para conocer la realidad de los retrasos, para asesorar en el camino por adoptar, y para advertir a la Comunidad Autónoma, con los datos y los argumentos en la mano, de lo que viene después.

Y lo que viene después son las “medidas coercitivas”. Y parte de estas medidas es la intervención de la Comunidad Autónoma. Las regiones acumulaban facturas sin pagar. Ese gasto se reconoce, con lo que computa en el déficit. Pero como no se paga, no se computa en la deuda. Y el objetivo de la ley es que, por un lado, no se gaste más de lo que se ingrese. Y, por otro, que se pague todos los consumos que entran en el gasto.

La escalada de medidas, pues, va de un plan de tesorería a unas medidas de “prevención”, de ahí, si no se corrigen los problemas en cinco meses, en medidas “de corrección”, y por último en “medidas coercitivas”, que incluyen “cesión de competencias normativas en relación con los tributos cedidos”.

Es una medida que da mucho pábulo al politiqueo. No es necesaria y es lo que necesita el control autonómico. Cada Comunidad Autónoma debería gastar en función de sus propios recursos, y no con transferencias del Estado. Sólo de este modo se verían obligadas a actuar con racionalidad desde el punto de vista fiscal. Podrían acudir al mercado a financiarse, pero el mercado es muy duro, y no paga a manirrotos. Sería un sistema automático, y justo, y no le daría pábulo a los Montoros de este mundo.