Dirigentes socialistas contra la Justicia

Hasta ahora se conocían los muchos saberes y destrezas del líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero no, ciertamente, su capacidad adivinatoria. Como si hablara en el centro mismo del oráculo de Delfos, el secretario general del PSOE vaticinó sin el menor empacho que del caso de los ERE falsos de Andalucía “no quedará nada porque no hay nada”. En la misma línea, aunque cambiando las predicciones por el asombro, se pronunció el ex-presidente del gobierno Felipe González, quien dijo, también sin el menor empacho, que el auto de la juez Mercedes Alaya en el que se imputa a la ex-consejera de Economía y Hacienda de la Junta andaluza y ex-ministra de Fomento Magdalena Álvarez “no tiene el menor fundamento jurídico”.
Se entiende, en cuanto que es humano, que ambos pongan la mano en el fuego por “su Maleni”. Pero que la apoyen no debería pasar por un ataque descalificador a una juez que cumple eficaz y escrupulosamente con su obligación para que de una vez por todas se aclare y depuren responsabilidades en un caso de corrupción que es, sin duda, uno de los más escandalosos: no puede quedar impune un caso donde se utilizó de manera fraudulenta y torticera el dinero de todos los contribuyentes y lo que resulta más sangrante, si cabe, el los propios parados. Sin dejar de respetar la presunción de inocencia, resulta inverosímil y contrario a la realidad que en un fraude que alcanzó tan enormes proporciones nada supieran los dirigentes de la Junta.
Arremeter contra la juez, como han hecho Rubalcaba y González, a los que se han sumado otros dirigentes socialistas, no cambia lo más mínimo esa realidad, detonando un desprecio por la Justicia y su independencia, en el que parece que quisieran adherirse con fruición al “Montesquieu ha muerto”, célebre y dañino grito de su correligionario Alfonso Guerra. Y flaco favor le hacen a la democracia y la clase política en unos momentos en que es especialmente cuestionada y la ciudadanía muestra su gran preocupación por la corrupción, como ha vuelvo a manifestarse esta misma semana en el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La corrupción es un elemento enormemente dañino que debe combatirse con firmeza allí donde se encuentre. Se ha visto que el sistema de financiación de los partidos en España es una puerta abierta a ella, por lo que ese sistema ha de cambiarse sin dilaciones. Si no se hace, el cansancio ciudadano puede explotar y se puede llegar a pagar un precio muy alto y sumamente negativo para la democracia en España. Todos sabemos que partidos políticos, sindicatos y patronal se están financiando de manera irregular, cuando no ilegal y delictiva, de forma tal que, antes o después, la Justicia intervendrá en ello de manera implacable. Por eso, lo sensato e inteligente es cambiar estas prácticas fraudulentas, en lugar de enfurecerse contra una realidad que terminará por imponerse.