El decreto antidesahucios andaluz amenaza la banca

Un gobierno autonómico, una norma populista, y el trabajo de reforma financiera del Gobierno puede venirse abajo. Por José Carlos Rodríguez

El Partido Socialista perdió las elecciones andaluzas el pasado año. Es la primera vez que ocurre desde el inicio de la transición, cuando el ganador fue la fenecida formación UCD. Pero la victoria del Partido Popular resultó ser escasa. Sus 50 escaños no alcanzaban la mayoría absoluta (55), pero la suma de los 47 diputados del PSOE más los 12 de Izquierda Unida sí han otorgado al gobierno andaluz una mayoría suficiente. En esta alianza entre izquierdas, IU tenía que presentar ante sus electores alguna medida que fuera suficientemente destacada como para que los andaluces la identificasen con su formación.

Esa medida llegó en abril de este año. Entonces, en pleno auge del debate sobre los desahucios en España (que se magnificó entonces, como ahora ha desaparecido absurdamente), la Junta de Andalucía aprobó una medida para evitar los desalojos de las personas que no pagaron su deuda con el banco.

Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, y perteneciente a la formación Izquierda Unida, dijo entonces, en un tono más propio de un mítin que de un acto de Gobierno: “Hoy decimos basta, hasta aquí hemos llegado”. Hasta ahí habían llegado la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad. Porque esa ley incluía dos grandes medidas.

La primera un plan de “fomento del alquiler” que obliga a las entidades bancarias a sacar al mercado las viviendas vacías, so multa de hasta 9.000 euros. Es difícil cifrar el número de viviendas sin uso, pero entonces se apuntó que estaría entre los 700.000 y el millón de viviendas.

Pero la más llamativa es la segunda. Si una persona o una familia deja de hacer frente a su deuda, a la que firmó con el banco a cambio del dinero que le permitió comprar la casa, el último paso es la ejecución de esa hipoteca y, si no cabe la renegociación, el desahucio. Es aquí donde interviene la Junta, expropiando la vivienda durante un período de tres años, si las familias han cumplido un conjunto de requisitos (empobrecimiento sobrevenido, vivienda habitual, ingresos no superiores a 1.596 euros…), y corren el riesgo de “exclusión social”, sea lo que ello fuere.

En el proceso normal, en el último tramo de la ejecución hipotecaria la vivienda habría sido ya embargada, subastada y adjudicada al propio banco. En tal caso, la Junta expropiará la vivienda y le compensará con un 2 por ciento del justiprecio.

A esto se refiere la Comisión Europea en un último informe. Según él, “ciertas iniciativas regionales relativas a la protección de los deudores hipotecarios están suponiendo una incertidumbre legal y económica a los bancos españoles, con un posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera”. Y se refiere “en particular” al caso de Andalucía, “que podría tener implicaciones potenciales negativas para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”.

Entre los efectos secundarios se encuentra “una posible reducción del apetito de los inversores por los activos inmobiliarios de los bancos españoles”, así como “un deterioro del valor de la cartera inmobiliaria de los bancos, y de la capacidad de éstos de llegar al mercado por medio de las llamadas ‘cédulas hipotecarias’”.

Esos efectos se trasladan, asimismo sobre la Sareb. Las sanciones directas por las viviendas vacías pueden alcanzar los 200 millones de euros. Y las indirectas, también son muy peligrosas. “Aproximadamente”, señala el informe, “el diez por ciento de la cartera de viviendas de la Sareb están localizadas en Andalucía”.