Partido Popular y Partido Socialista mantienen una disputa dialéctica y de tiempos, unos para evitar que Mariano Rajoy tenga que hablar de Luis Bárcenas ante los diputados y la opinión pública y otros, para todo lo contrario. La moción de censura, fórmula que manejan los de Alfredo Pérez Rubalcaba, no lograría en absoluto un cambio de Gobierno ni tampoco el objetivo real: que el presidente comparezca en el Parlamento antes de tomarse las vacaciones.
El Partido Socialista contempla la posibilidad de plantear una
moción de censura contra Mariano Rajoy, pero no para tumbarlo, hecho que sabe improbable dada la amplia mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso. El objetivo es llevar al presidente del Gobierno al hemiciclo -y ante la opinión pública a través de los medios- para discutir en profundidad la veracidad de las informaciones publicadas en torno a la presunta financiación irregular en Génova y los supuestos sobresueldos en B.
El veto del grupo que lidera Alfonso Alonso a toda petición de comparecencia sobre esta cuestión y la violencia dialéctica de la jornada parlamentaria de este pasado jueves han terminado de encender a la oposición, acusada de "apadrinar" a
Luis Bárcenas y de ser su "abogado defensor". Horas antes, la ponencia para alumbrar la Ley de Transparencia se vaciaba. Sólo Unión, Progreso y Democracia (UPyD) –y, por descontado, PP- aguanta.
La estrategia de los 'populares' es enfriar la polémica. De hecho, hasta la entrada en prisión de Bárcenas, que dio lugar a nuevas
revelaciones en prensa, los silencios y la habitual corriente informativa acabó por desplazar del primer plano el caso, que estalló en enero. El verano puede facilitar la repetición de esta maniobra, incluso restar repercusión a todo aquello que se publique de aquí a septiembre.
Es la única fórmula que no puede vetar el PPUno de los puntos flacos de la moción es que no adelantaría plazos, no serviría para poner al presidente en el estrado ante el Pleno de forma inmediata, como desea especialmente el
PSOE y con el tema en caliente. No la presentaría hasta septiembre, mes en que se retoman las sesiones y posiblemente con la controversia desinflada. Así, toda opción de los socialistas de desgastar al Gobierno por este repunte del caso Bárcenas parece agotada al no haber fórmula alternativa que no pueda echar abajo la mayoría del PP.
Según recoge el
reglamento de la Cámara Baja en su artículo 175,
la moción deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados, tarea sencilla para
Alfredo Pérez Rubalcaba y los suyos. Pero la normativa establece también que
habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, requisito sin complicación igualmente pero más espinoso, porque en ningún momento tal aspirante, se entiende que sería Rubalcaba, tendría garantía alguna de éxito.
La
Constitución, en su artículo 113, establece que
una moción no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. La democracia española ha vivido dos de censura (perdidas por los impulsores) y dos de confianza (vencidas por los presidentes), pero ninguna de ellas próxima en el tiempo. Ocurrieron durante los mandatos de Adolfo Suárez y Felipe González.
Es en casos así en los que el PSOE echa en falta un mayor saldo de escaños tras el
20-N. 186 del PP (de 350) frente a 110. En septiembre se habrá evaporado esta sucesión de portadas y sobresaltos para la opinión pública, aunque en absoluto pueden ni deben descartarse nuevos episodios. Esta batalla de tiempos la vence una vez más Rajoy; debate aparte es quién lo hace en la de imagen o intención de voto.