Por un nuevo sector astillero

La Comisión Europea se ha mantenido firme ante las exigencias del Gobierno español y de la industria naval española, y considera ilegales las ayudas prestadas desde la administración central hacia esa importante rama de la industria española. La cerrazón por parte de Bruselas no ha sido completa: Sólo considera ilegales las ayudas concedidas desde 2007 hasta 2011, y no, como pensaba en un principio, las que se otorgaron a partir del año 2005. En consecuencia, las empresas tendrán que devolver esas ayudas, lo que pone en riesgo la continuidad de algunas empresas o, al menos, de varios de los puestos de trabajo.

Es una decisión desgraciada para muchas familias españolas, así como para los dueños de las empresas. También es una decisión que sentirán los clientes de los astilleros españoles, pues parte de la falsa competitividad ganada por las empresas nacionales frente al exterior gracias a las ayudas, se trasladaba en mejoras en el precio o la calidad que ellos se llevan y que están sufragadas por el erario del Reino de España. Todos ellos, españoles y extranjeros, salen perdiendo. Pero el ciudadano de a pie, por el contrario, sale ganando. Dejará de mantener una industria que, en la escala que tiene, no es capaz de sostenerse por sí misma.

Las ayudas públicas no sólo tienen beneficiarios. También tienen un coste que se reparte entre el conjunto de los contribuyentes. La CE, con todo el sentido, ha decidido que ese no es el camino adecuado para recuperar la competitividad europea. Nuestras empresas tienen que ganarse su puesto en el mercado por ellas mismas, y sin que los ciudadanos europeos las sufraguen. Esa verdadera competitividad es la que fomenta la adopción de sectores y métodos más productivos, mientras que las ayudas estancan a sectores enteros, y además de ser ineficaces, son injustas. Esta medida no supone la muerte de los astilleros españoles, sino que le da la oportunidad al sector de demostrar que son capaces de ganarse un mercado con su buen hacer y su profesionalidad.

El comisario europeo de competencia es un español, el socialista Joaquín Almunia. Se le ha acusado de faltar al patriotismo por insistir en reclamar la devolución de las ayudas. Pero por un lado, el funcionario en cuestión actúa como comisario europeo, no como ciudadano español, y debe defender los intereses de todos. Y, en segundo lugar, entre los legítimos intereses de todos están los de los contribuyentes españoles.