Sábado 20 de julio de 2013
Ante 16 ministros de Exteriores de la UE, Mariano Rajoy afirmaba ayer que “son las elecciones las que legitiman a su Gobierno”. En una alocución tan llena de generalidades como vacía de nombres concretos –Bárcenas, o lo que es lo mismo, el concepto de responsabilidad política, parece no existir en el vocabulario del Presidente. Para hablar de recuperación económica, Rajoy pretendía ignorar que toda la vida política en este momento gira en torno a las revelaciones del ex tesorero de su partido, que además está en la cárcel.
La lucha contra el desempleo y la crisis económica son prioritarias, qué duda cabe. Es de ley que el Ejecutivo ponga todo su empeño en tratar de revertir un problema tan acuciante, y si tras las medidas comienzan a atisbarse indicadores positivos, justo es reconocerlo. Pero lo que hoy demanda la ciudadanía es otra cosa. Además. Al Gobierno se le exige que gobierne y que además lo haga con luz y taquígrafos, con honestidad y responsabilidad.
Así pues, Rajoy es muy libre de hablar de sus “éxitos” ante quien le parezca, dentro o fuera de España. Pero lo que no puede eludir es su responsabilidad a la hora de comparecer en sede parlamentaria para dar cuenta de un asunto tan grave como falto de explicaciones cuando más falta hacen. La persistencia en el silencio parlamentario de Rajoy es tan contumaz como errónea. Y cuanto mayor es, más se erosiona su figura, la de su Gobierno, junto a la del partido que los sustenta y, lo que es mucho más grave, la de nuestro sistema político.
O bien el señor Rajoy se empeña en quebrar los fundamentos de una democracia parlamentario o lo ignora, que es aún peor. La idea de que las votaciones lo son todo y todo lo justifican es lo contrario de lo que es la democracia en versión occidental. Porque, en nuestro sistema, que no es precisamente producto de primavera árabe alguna, por encima de las elecciones están los derechos de los ciudadanos, que no se votan: ¡por eso son derechos fundamentales! Y el poder, no importa con qué mayoría, está limitado y por eso lo queremos dividido. La idea plebiscitaria que contrapone el derecho (del sufragio) a la ley –y la democracia al parlamento- ya se le ocurrió al “pequeño Napoleón” hace siglo y medio largo y acabó enterrada en Sedán y su epitafio se lo puso la Constitución de la III República –y, entre nosotros, cualquier constitución desde la de 1869 hasta la actual.
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