Luz verde a la reforma local: se incentivará a los ayuntamientos que se fusionen

El Gobierno ha aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, destinada a conseguir un mejor reparto de las competencias y una modernización de los ayuntamientos.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este viernes que el Gobierno incentivará a los ayuntamientos que propicien su fusión voluntaria para evitar la dispersión administrativa que, a su juicio, en ocasiones es muy costosa.

Este es uno de los aspectos claves del anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha aprobado este viernes el Gobierno, y por el que se pretende lograr un ahorro cercano a los 8.000 millones de euros en los próximos años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha señalado que se ha incorporado al anteproyecto de reforma local un procedimiento de incentivos para los municipios que hipotéticamente se fusionen voluntariamente.

Otra de las novedades comentadas por Montoro ha sido la del "coste efectivo" de la prestación de los servicios por parte de las corporaciones locales y ha dicho que siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado se introduce esta figura que "no impide la autonomía municipal plena". Ha explicado que el coste efectivo, que deberán publicar de manera obligatoria todos los ayuntamientos, permitirá a los ciudadanos conocer el coste real de cualquier servicio público.

Una vez se conozca dicho coste y si éste es superior a la media, el mismo podría ser asumido por la diputación si lo puede realizar por un coste más bajo. De esta manera, el ministro ha reconocido que la reforma local aprobada refuerza el papel de las diputaciones, a quienes, como órgano intermedio, les corresponde realizar funciones que se adscriben a esta entidad local.

"Es una reforma promunicipalista, que pretende situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen en el Estado de las Autonomías y que históricamente no se les ha dado", ha precisado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.

Ley de Cámaras
Además, el Consejo ha aprobado también este viernes el proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, con el que pretende diferenciarse con más claridad entre las actividades de carácter público y privado de las futuras cámaras de comercio, de manera que en ningún momento entren en competencia desleal con entidades privadas, así como dar mayor representatividad a las organizaciones de autónomos.

Así, se establece la exigencia de contabilidades diferenciadas para actividades públicas y privadas de las cámaras. Además, las actividades del ámbito privado no podrán recibir en ningún caso recursos públicos que supongan una competencia desleal con entidades privadas.

Por otro lado, se da mayor representatividad a las organizaciones de autónomos, que aumentan su participación en el pleno y se incorporan al Comité Ejecutivo.

Además, se integra en el texto la obligación de que las Cámaras de Comercio elaboren un Código de Buenas Prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el ejercicio de las funciones público-administrativas.

También se elimina la necesidad de informe de la administración tutelante en el proceso de nombramiento o cese del secretario general y del director gerente, tanto de las Cámaras territoriales como de la Cámara de España.

Como ya se sabía la Ley no contempla la recuperación del recurso cameral permanente y establece que la financiación de las Cámaras se basará en los ingresos que se generen por los servicios que presten y por las aportaciones voluntarias de empresas.

El Gobierno no ha querido gravar a las empresas ni reestablecer ningún tipo de financiación obligatoria. En el caso de la Cámara de España, las aportaciones voluntarias que realicen las empresas se destinarán preferentemente a la financiación del Plan cameral de internacionalización.

La ley también prevé la posibilidad de suscribir convenios con las administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones público-administrativas.

En atención a este nuevo régimen de financiación, la ley permite a las Cámaras incentivar las contribuciones voluntarias pudiendo dar las comunidades autónomas, si así lo estiman conveniente, una mayor representatividad en los órganos de gobierno a las empresas que hayan realizado estas contribuciones voluntarias a las cámaras.

Entre las novedades de la ley, que ahora pasa al Congreso de los Diputados, destaca también la participación en la formación profesional dual, siguiendo un modelo similar al de las Cámaras alemanas.

Violencia de género
También se ha aprobado este viernes la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que ofrecerá a las víctimas una salida al maltrato con el fin de llevar una vida "digna y mejor" y que, entre otras medidas, incluye la libertad vigilada para los agresores condenados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la aprobación del plan, que ya fue presentado a finales del pasado mes de mayo, y que está dotado de con 1.539 millones de euros con una duración de cuatro años.

Con la estrategia, el Gobierno quiere decir a las víctimas que "hay salida" a la violencia machista y que pueden y tienen derecho a "una vida digna y mejor", ha subrayado la vicepresidenta.

Elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fruto de las aportaciones de los distintos ministerios, así como de las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y distintas organizaciones, está vertebrado sobre siete ejes y cuenta con 258 medidas, ha explicado Sáenz de Santamaría.

Asistir de forma personalizada a las víctimas, prevenir la violencia, atender a los grupos de mujeres más vulnerables, la coordinación estatal y la información y la visibilidad de esta lacra son algunos de los pilares sobre los que se ha elaborado.

Además de la extensión vigilada para los condenados por violencia machista, el texto incluye la promoción de mecanismos que permitan conocer los movimientos y el estado de los internos condenados que se encuentren de permiso penitenciario, para dar cuenta de inmediato a los agentes encargados de la seguridad de las víctimas.

Los maltratadores condenados podrán ser vigilados entre tres y cinco años después de salir de la cárcel y si incumplen las medidas de alejamiento respecto de la víctima existe la posibilidad de acordar prórrogas de esa libertad vigilada de cinco años como máximo, como anunció el Ministerio de Sanidad.

Las víctimas en riesgo recibirán asistencia en casas de acogida en un plazo de 24 horas, para lo que se creará una Nueva Red Nacional, que integrará los centros ya existentes y dará cobertura a cada caso según las necesidades de atención, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 17 de junio, presidida por la ministra del ramo, Ana Mato.

La nueva red integrará los centros de emergencias, las casas de acogida y los pisos tutelados existentes en las comunidades autónomas.

La Estrategia incluye, por primera vez, un protocolo sanitario específico contra la mutilación genital femenina y la puesta en marcha de una ventanilla única para las víctimas de violencia de género a nivel autonómico.

También persigue, entre otros, potenciar el servicio de información on-line del telefono 016, y mejorar la formación de los profesionales, para lo que, entre otras cosas, se incluirá en el contenido formativo troncal de todas las especialidades médicas información especializada sobre violencia de género.

Seguridad vial: test de alcoholemia a peatones
El Gobierno ha aprobado además el proyecto de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que incluye pruebas de drogas y alcohol a los peatones que infrinjan normas de circulación y no solo a aquellos que sean víctimas o copartícipes de un siniestro.

En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que bastará que se cometa una infracción para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan someter a los peatones a los test de detección de drogas, mediante la prueba de saliva, y de alcohol.

El proyecto de reforma regula también "la conducción con presencia de drogas en el cuerpo" que es diferente a conducir bajo los efectos del consumo de drogas, ha recordado el ministro, la cual ya está regulada con una sanción administrativa y otra penal.

En este sentido, Fernández Díaz ha destacado la tolerancia cero que se aplicará en relación a las drogas, sin la presencia de cuadros como sucede con el alcohol.

Respecto a las cuantías, la reforma sube la sanción económica por conducir bajo los efectos del alcohol de los 500 euros actuales a 1.000, misma cifra que se demandará a aquellos que conduzcan con drogas en el organismo.

El texto prohíbe, por otra parte, el uso de detectores de radar, regula los sistemas de retención infantil, que pasa de un sistema de edad a uno de talla