A merced de piratas

“El gobierno ha hecho todo lo que debía hacer y nada de lo que no debía hacer”. Como ustedes sabrán, la autora de esta concisa declaración es la vicepresidenta Fernández de la Vega. Su propósito: salir al paso de los interrogantes suscitados por la misteriosa gestión “diplomática” con la que felizmente se logró liberar a un grupo de pescadores vascos secuestrados hace semanas en aguas somalíes. Las palabras pronunciadas en rueda de prensa el último día de abril no alterarían un ápice el oscurantismo de los pronunciamientos oficiales que precedieron a la solución de la crisis pirata. Habían transcurrido varios días desde la liberación, esperando en vano alguna aclaración oficial sobre los pormenores del rescate. Finalmente la prensa informaría que el gobierno pudo y no quiso culminar la liberación de nuestros compatriotas con una plausible interceptación de unos captores que acabaron huyendo con el botín del rescate bajo la resignada vigilancia de un buque de la Armada y un patrullero de la Fuerza Aérea.

¿Por qué se dejó escapar a los piratas? Es difícil imaginar una razón que justificara esa decisión, lo cual no significa que no pudiera existir. Parece que la captura fue técnicamente posible. ¿Tal vez hubo complicaciones “diplomáticas” que desaconsejaron la operación? ¿Acaso tenían los malhechores un as en la manga con el que responder a cualquier intento de captura? Como si la vida de los marineros liberados siguiera dependiendo del secreto ante tales cuestiones, y con un evidente tono autocomplaciente, la señora vicepresidenta no sólo no aportó ni una sola aclaración sino que asimismo se atrevió a reclamar una confianza sin fisuras en el buen criterio del gobierno. A veces, los gobiernos deben demandar esta clase de confianza ciega, especialmente a la hora de gestionar ciertas situaciones extraordinarias donde un exceso de información sensible pudiera poner en riesgo la seguridad y la defensa del país o de sus ciudadanos. Bajo tales circunstancias existiría como un incomodo derecho al secreto (vale decir, a ciertos secretos) que hasta cierto punto merecería ser respetado, cosa que ocurre a menudo cuando los gobiernos democráticos logran preservar una dosis suficiente de su credibilidad inicial. Sin embargo, la última exigencia de credibilidad del gobierno español ha engendrado no pocas dudas. Existe el problema de que los representantes de este gobierno, con su presidente y su vicepresidenta a la cabeza, se pasaron cuatro años demandando confianza mientras ellos mismos ocultaban la auténtica realidad de una oscura negociación con ETA, la más comprometida y defectuosa de todas las que se han entablado hasta la fecha. El problema reside en que no es la primera vez que el ejecutivo de Rodríguez Zapatero cede a un chantaje criminal al mismo tiempo que procura convertir semejante cesión en muestra de un supuesto y muy superior sentido de la responsabilidad política. En definitiva, el problema radica en que el relato de unos gobernantes que dejan escapar con el botín a una banda de vulgares piratas, a fin de no arriesgar una operación militar, encaja a la perfección con el perfil de este gobierno: quiero decir, un gobierno que se resiste a asumir (porque no lo cree o porque no le conviene) que vivimos en un mundo hobessiano, un mundo acechado por granujas y fanáticos cuyas oportunidades de enriquecimiento y supervivencia son directamente proporcionales al tamaño de las grietas de soberanía engendradas por Estados fallidos como el somalí y al pacifismo indolente, confuso y fuera de lugar del que hacen gala ciertos Estados prósperos.

En suma, demasiados problemas para exigir confianza ciega en el caso del atunero secuestrado. Si el gobierno de España hizo todo lo que debía (y pudo) hacer, que lo demuestre. Y si lo que en el fondo ocurre es que este gobierno nuestro no cree estar obligado a perseguir y juzgar a los criminales que nos chantajean que lo diga también.

- Y a todo esto, ¿qué debería decir o hacer la oposición?
- La oposición debe despertar...